El Gobierno cerró el acuerdo con el FMI: ¿Cuáles son las claves económicas?

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el nuevo programa busca seguir generando "condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo".

El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso de la Nación el acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares que tomó la administración de Juntos por el Cambio.

Se eleva de esta forma al Poder Legislativo un proyecto que incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.

Según argumentaron desde el Ministerio de Economía, el nuevo programa busca seguir generando "condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo".

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El proyecto se trabajará en la Comisión de Presupuesto entre el viernes y el martes próximos para poder llevarlo al recinto entre el miércoles 9 y el jueves 10 de marzo.

Detalles

El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI.

El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

En cuanto a los problemas económicos que debe enfrentar el país, tanto el Gobierno como el FMI apuntarán a reducir la inflación de una manera "integral". La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas.

Desde el Gobierno dieron a entender que el programa refuerza el "compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas".

Al mismo tiempo, prevén avanzar en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas. El desafío es lograr un equilibrio fiscal, aumentar el salario real y reducir la inflación, a los fines teóricos y prácticos parece una misión imposible.

Si se logra todo lo programado entre el país y el organismo internacional, Argentina podrá sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo y fortalecer la asistencia social.

Jubilaciones

Por el momento, todos los canales oficiales sostienen que en el acuerdo con el FMI no se prevé ninguna reforma previsional, por el contrario, se prevé continuar con la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.

Tarifas

En cuanto al consumo de energía, el Gobierno está determinado a lograr una restructuración de las tarifas de gas y electricidad, teniendo en cuenta a los distintos segmentos de usuarios. Habrá recortes de subsidios, eso es seguro. El tema es cómo se aplicará ese recorte, cuáles serán los detalles a tener en cuenta para considerar si un usuario debe o no debe recibir ser financiado en parte por el Estado.

En principio, se sabe que para usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443 que fue vetada en la gestión anterior. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios.

Dicha segmentación contempla tres niveles:

a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago;
b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior;
c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.

La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

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Se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a:

• incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable;
• reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza;
• mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos;
• asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.

También hay entendimiento en impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un "crecimiento más sostenible e inclusivo".

El proyecto ingresará al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el FMI requerirá de una Ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente

En esta nota: Alberto Fernández, FMI, Gobierno nacional