Lo anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y lo oficializaron mediante el Decreto 1005/2024. La medida busca «promover la libre competencia y la eliminación de decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios».
El Gobierno oficializó la desregulación del servicio de correo postal, actualmente a cargo de la empresa Correo Argentino, de propiedad enteramente estatal. Lo confirmaron en el Boletín Oficial publicado en la madrugada de este lunes 11 de noviembre a través del Decreto 1005/2024.
Horas antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo había anticipado en su cuenta de X. “Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal”, explicó el funcionario.
Según precisaron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que trabajará en conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para avanzar con el proyecto, el objetivo de la desregulación es «promover la libre competencia y la eliminación de decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios«.
En junio de este año, Correo Argentino había quedado fuera de la lista de posibles privatizaciones con las que el oficialismo tenía planeado avanzar por medio de la Ley Bases. De todas formas, esta medida no tiene como fin que la empresa pase a manos privadas, simplemente establece “nuevos lineamientos” para el desarrollo de la actividad.
El nuevo sistema de correo
El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó que a partir del Decreto 1005/2024, las personas jurídicas podrán inscribirse ante la autoridad de aplicación «de manera simple, electrónica, gratuita y declarativa«.
Me gustaría explicar los alcances del Decreto 1005/24, firmado por el presidente @JMilei, que desregula el mercado de correos y encomiendas postales, un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico. El correo ya no tiene valor estratégico, por lo que desde ahora…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 11, 2024
Aquellas interesados que busquen convertirse en operadores postales, tendrán que inscribirse y podrán iniciar sus actividades cinco días después de obtener la habilitación correspondiente.
Estos operadores podrán fijar con total libertad la dotación de personal, modalidad, tipos de servicios prestados, equipos, medios de transporte y locales que requieran. Asimismo, los precios y servicios del mercado postal local e internacional se pactarán libremente entre las partes, sin intervención de la autoridad.
“Van a poder también brindar cartas documentos, telegramas, comunicaciones fehacientes y giros postales. De esta manera, se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores”, detallaron fuentes oficiales.
Desde el Gobierno aseguran que la medida no innova ni altera las disposiciones sobre secreto postal ni en materia de seguridad.
Además, sostienen que la “sobrerregulación de la actividad postal ha generado barreras de ingreso al mercado, de manera tal que se restringe la competencia, lo que lleva a un servicio de peor calidad y mayores precios. Por ende, se eliminan los listados de requisitos excesivos para llevar a cabo la actividad y los registros que implican mayor burocracia y menor transparencia».
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Críticas
Desde los sectores que critican la desregulación del correo señalan dos puntos: la universalidad del servicio y el rol fundamental en las elecciones.
El Correo Argentino tiene la obligación de brindar el “Servicio Postal Básico Universal” (S.P.U.) a toda la población del territorio de la República Argentina, gracias a que el país está dentro del Convenio Postal Universal.
Incluso el mismo decreto lo ratifica: «El Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar que al menos un operador postal ofrezca en todo el territorio de la República Argentina la prestación del Servicio Postal Universal en forma obligatoria y sin exclusividad».
En tanto «no designe otro prestador, el Correo Oficial de la República Argentina S.A. será la persona jurídica por medio de la cual el Estado Nacional cumpla con los compromisos asumidos».
La crítica es que este servicio y la garantía de su prestación quede en manos privadas, y el Estado no pueda controlar su aplicación.
El otro cuestionamiento principal es que Correo Argentino es la empresa encargada de realizar la correspondencia, el manejo y traslado de urnas, reparto de boletas y todas las actividades inherentes a los procesos electorales.
Con la desregulación, se teme que las elecciones queden en manos de empresas privadas, debilitando la transparencia de las votaciones y exponiendo al sistema democrático a filtraciones.
