En su 40° aniversario, el Consejo Interuniversitario Nacional le exige al Congreso de la Nación que insista con la defensa de la universidad pública.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cumplió 40 años el pasado 2 de diciembre y aprovechó la ocasión para denunciar la crisis de las universidades públicas nacionales y exigir que los montos que establece la Ley de Financiamiento Universitario se incluyan en el Presupuesto 2026.
Las y los rectores que conforman el CIN difundieron un comunicado que interpela en primer lugar al Congreso, instándolo a defender la educación pública, gratuita y de calidad en la discusión parlamentaria respecto al Presupuesto 2026.
«Las universidades nacionales volvemos a solicitar al Congreso de la Nación Argentina que ratifique, una vez más, su posición en defensa de la educación pública en general y de la universidad pública en particular. Tal como lo hiciera, en dos oportunidades, cada una de las Cámaras con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario este año» comienza el texto.
Las autoridades del CIN continúan el mensaje reforzando la necesidad de que el presupuesto nacional para el año entrante incluya los montos que dispone la Ley de Financiamiento Universitario.
«Hoy pedimos que el Presupuesto Nacional 2026 incremente las partidas necesarias proyectadas con el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario, la que establece las garantías y la protección del sistema universitario argentino, la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles«.
Semana de paro y un ciclo lectivo en vilo
El aniversario del CIN se da en un contexto no solo de crisis sino también de lucha activa de la comunidad educativa para efectivizar la Ley de Financiamiento Universitario y con ello asegurar la continuidad del sistema público, gratuito y de calidad.
Desde el lunes 1 hasta el sábado 6 de diciembre, transcurre un paro nacional docente universitario en reclamo por la recomposición salarial y presupuestaria.
En lo que va de la gestión del Presidente Javier Milei, docentes de este sector perdieron alrededor de un 40% de su poder adquisitivo; a su vez, la falta de actualización del presupuesto para las casas de altos estudios redundó en el deterioro edilicio, la pérdida de cátedras y equipos de investigación y la migración de docentes altamente calificados a otros empleos, entre otros fenómenos que degradan la educación pública universitaria.
En este contexto, el CIN subraya que las acciones del Poder Ejecutivo afectan directamente al derecho a la educación y reafirma la necesidad de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario para ponerle fin a la crisis antes de que el daño al sistema educativo sea irreversible.
«Con las cifras que establece el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 15 de septiembre quedaría gravemente lesionado el derecho a la educación que tienen las y los jóvenes argentinos en la universidad pública de calidad con la que hoy cuenta el país y que la gran mayoría de la sociedad reconoce», concluye el comunicado.
