El derecho al acceso al territorio y a una vivienda propia siempre ha sido vulnerado para las mujeres y diversidades, estas violencias se ven reflejadas en casos diarios.
Por Emi Urouro
En Deán Funes, la Jueza de Primera Instancia Civil y Comercial, Emma del Valle Mercado, resolvió hacer lugar a la acción de desalojo solicitada por los hermanos Scaramuzza.
Nuevamente el sistema falla contra los más vulnerables, en este caso, contra Ramona Orellano de Bustamante, una compañera campesina, que vive hace 94 años en el campo en conflicto, ubicado en Las maravillas, en el departamento Río Seco.
Una historia en el territorio, desconocida por la Justicia
Cuando Ramona se casó, se mudó a un extremo del campo con su marido. Luego sucedió que su padre formó otra familia, y ella al no ser una hija reconocida dentro del matrimonio, por esa leyes anteriores, quedó en una situación desigual para negociar.
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Con el tiempo, sus hermanas y la madre de ellas, por diferentes maniobras, consideradas como estafas por la Federación Organizaciones de Base (FOB), venden ese territorio a los Scaramuzza, sin incluirla en la declaratoria de herederos, ni en la venta del campo.
«Ramona, su marido y sus hijos, siempre se dedicaron a la cría de animales. En 1988, los Scaramuzza establecen una tercerización de dominio dentro de la declaratoria de herederos, se le hace lugar. Con el correr de los años la presionan para firmar un convenio de desalojo, de desocupación», explicó Victoria Gauna, integrante de Movimiento Campesino de Córdoba
La entrevistada nos comentó que en ese momento, Ramona no comprende lo que escribe ni lo que firma, lo hace bajo mucha presión. En 2003, luego de homologar ese contrato y solicitar el desalojo de Bustamante, la expulsan de su hogar el 30 de diciembre de ese año.
En 2004 ingresa de nuevo y se queda ya acompañada por la FOB y otras organizaciones del campo popular hasta la actualidad.
«Solo quieren que se vaya. Eso quedo claro en ese nuevo juicio de desalojo que comenzó en 2013. NO hay otra alternativa. Solicitamos espacios de mediación, hubo un juicio penal de por medio, pero no dan lugar a otras opciones», enfatizó Victoria.
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Resaltó que la jueza Mercado decidió que los hermanos Scaramuzza tienen razón, ya que según su mirada no puede decir lo contrario, porque existe una sentencia penal que dice que no son estafadores, sin tener en cuenta toda la prueba (de posesión) que se produjo paralelamente.
«Todos estos años muchas organizaciones, como la FOB y la Unión Campesina Córdoba, nos hemos ido sumando a ese campo donde se produce colectivamente y se defiende de la misma manera», destacó la entrevistada.
El feminismo y las organizaciones populares como respuesta al avasallamiento de derechos territoriales
Ramona es la cara visible de este reclamo, pero su situación se repite a lo largo y ancho del país, las mujeres jefas de hogar son fundamentales ante la crisis habitacional.
El tema anterior, fue trabajado en nuestro artículo «Resistencia feminista a la especulación inmobiliaria» . En esa oportunidad, señalamos que cuando se piensa a la vivienda como mercancía, y no como derecho, las personas no tienen otra opción más que buscar algún lugar donde vivir.
Para clarificar esa idea, la siguiente cita es clave: “Los desarrolladores urbanos son a la ciudad lo que las corporaciones extractivistas son a la minería: el problema es que no están tan identificados. El común de la gente quizás esté al tanto de qué es Barrick Gold o quién es Monsanto, pero respecto a las corporaciones inmobiliarias los nombres son casi anónimos.
Y continúa: “Quienes investigamos sobre el tema los conocemos, pero si salimos de nuestro microclima y le preguntamos a un transeúnte veremos qué las corporaciones inmobiliarias gozan de una gran impunidad, incluso mediática. (Viale, 2017:16)
El campo que habita Bustamante y que es trabajado por agrupaciones del sector popular apunta a una mirada colectiva de producción, que rompe con las lógicas mercantilistas que reinan en Argentina. Por eso, su caso debe ser visibilizado.
Hoy, apelan al Gobierno Provincial para que esté a la altura de las circunstancias, y que se resuelva la situación de Ramona.
¿Qué exigen desde la FOB?
- Freno inmediato al desalojo inhumano pretendido por los tribunales de Deán Funes
- Qué el Gobierno de Córdoba expropie las 150 hectareas que le pertenecen a Ramona, para terminar con la vulneración de sus derechos
- Una ley provincial que suspenda desalojos y reglamentación de la ley de agricultura familiar donde se contemplen otros modos y usos colectivos del territorio.
