Diputados aprobó la Ley Johanna, el proyecto que busca mejorar la atención frente a la muerte perinatal

El proyecto busca dotar las y los profesionales de la salud de procedimientos que faciliten la atención de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la Ley Johanna, un proyecto que tiene por objetivo establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento.

La votación resultó con 216 afirmativo 1 en contra del diputado Francisco Sánchez (Pro – Neuquén).

La ley surge a raíz del caso de Johana Piferrer, quien es también impulsora de la iniciativa. Piferrer fue víctima de violencia obstétrica en 2014. Todo comenzó cuando, un mes y medio antes de dar a luz ,fue a hacerse una ecografía de rutina y vio que el corazón de su hijo ya no latía. Había tenido un embarazo sin complicaciones, pero los estudios confirmaron que su bebé tuvo un fallecimiento perinatal.

La noticia de la pérdida de ese embarazo se convirtió en una tortura: el sistema médico sin protocolos para acompañar la muerte perinatal la empujó a parir en una sala de maternidad. Nadie le brindó la contención psicológica ni la información pertinente sobre los procedimientos médicos a los que fue sometida.

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Tres años más tarde, Johanna comenzó a tejer redes para cambiar. Primero, llevó su caso a la Justicia y logró que su denuncia sea la primera en llegar a juicio por daños y perjuicios cometidos por violencia obstétrica en el país.

Pero su lucha no quedó ahí: junto con otras mujeres que vivieron casos similares, Johanna impulsó un proyecto de ley para dar un cambio cultural y legal que evite situaciones de destrato como las que ellas sufrieron.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción, busca dotar las y los profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

Para esto se indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

El texto, girado ahora al Senado, establece que las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.