El proyecto de ley se aprobó con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. El paso siguiente es su discusión en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, con 143 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.
La ley protege y garantiza los derechos de las personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Surgió como una forma de intentar ponerle freno al deterioro de las condiciones de vida de las personas discapacitadas y su entorno, que están sufriendo todo el peso del ajuste del Gobierno nacional.
La aplicación de la iniciativa tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, y establece medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para paliar la crisis a la que se sometió a este sector poblacional y a los prestadores de servicios asociados.
Si bien los diputados aprobaron la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde el oficialismo dieron a entender que el presidente Javier Milei también lo vetará, junto con los proyectos para aumentar las jubilaciones, y acusaron a la oposición de hacer demagogia con un sector vulnerable. Sector que el oficialismo mismo reconoce como vulnerable pero que aún así insiste en empeorar su calidad de vida.
El dictamen de mayoría, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, propone reforzar las pensiones no contributivas por invalidez (actualmente en $213.000) que serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. No obstante, aclara que el Poder Ejecutivo podrá disponer incrementos adicionales en función de la invalidez laboral o zona geográfica desfavorable.
Por otro lado, la propuesta fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901. Los prestadores de servicios asociados a las personas con discapacidad, como hogares, escuelas, centros de día, terapeutas y transportistas, denuncian la falta de actualización en los montos que perciben y la demora en el pago, en ocasiones con meses de retraso, lo que genera que muchos de ellos tengan que dejar de prestar sus servicios en el sector de discapacidad e insertarse en otros sectores para poder subsistir.
Para evitar este escenario, la el proyecto de ley propone una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período.
El proyecto aprobado incluye también medidas específicas para los prestadores, como un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos.
Otro punto relevante es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. A esto, se suma el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
El rechazo de La Libertad Avanza
A pesar de los votos afirmativos en Diputados que le dieron luz verde para que la Ley de Emergencia en Discapacidad marche al Congreso, el camino que sigue no será fácil.
Desde La Libertad Avanza anticiparon su rechazo al proyecto de emergencia y ratificaron su posición durante el debate. Una de las críticas es cómo la normativa podría afectar la política de déficit cero que lleva adelante el Gobierno Nacional.
Emilia Orozco, diputada salteña libertaria, acusó al kirchnerismo: “Hicieron de la discapacidad un curro”. Según Orozco y los demás libertarios, habría pensiones que se otorgaron sin que los beneficiarios pasen los requisitos de invalidez.
Sin embargo, los bloques que acompañaron la medida sostienen que la ley nace de los reclamos de la propia población discapacitada y que esta declaración de emergencia no era una respuesta a las problemáticas de base: “Ni siquiera con esta emergencia estamos resolviendo el tema”, expuso el diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre.
“Es cuestión de voluntad política”, sostuvo la diputada Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical (UCR), al remarcar la necesidad de profundizar el debate, con el fin de pensar respuestas efectivas a las diferentes falencias que presentaría el sistema de discapacidad.
Carrizo alertó al Gobierno nacional para que “no rieguen el fuego con más nafta”, ante la negativa de buscar medidas para aliviar la situación de esta población vulnerable y atacada por la gestión de Milei.
Luego de la aprobación en Diputados de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el siguiente paso es debatirla en el Senado. Queda todavía un largo camino para siquiera empezar a echarle paños fríos a la crisis social y sanitaria que se vive en discapacidad.
