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A diez años de su sanción, sigue sin implementarse la Ley de Salud Mental

La Ley de Salud Mental, sancionada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, sigue sin implementarse de manera efectiva a nivel nacional. La misma es clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y para la sustitución de los manicomios por tratamientos dignos. La normativa tiene como meta […]

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La Ley de Salud Mental, sancionada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, sigue sin implementarse de manera efectiva a nivel nacional. La misma es clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y para la sustitución de los manicomios por tratamientos dignos.

La normativa tiene como meta la sustitución de los hospitales psiquiátricos por hospitales generales, esto debía resolverse para el año 2020, pero a meses del mismo la ley presenta una deuda social. No se generaron políticas para la externación de los pacientes de los manicomios, y un sector poderoso de profesionales, habilitados para intervenir en el campo de la salud mental, se resisten a su aplicación.

La Asociación Gremial de Psiquiatras, rechazó las pautas para aplicar la ley, defendieron los monovalentes (manicomios), ya que los consideran irremplazables en el Sistema Público de Salud Mental.

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Pero a pesar de la ofensiva de estos sectores, Angel Barraco,  integrante del Movimiento en Defensa de la Ley de Salud Mental, explica que hay un fallo de la justicia federal, que obliga al Estado nacional y a la Ciudad de Buenos Aires a la operativización inmediata de la normativa.

En abril, se formuló la resolución 715/2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud para operativizar la ley. La misma busca la implementación de los dispositivos con base en la comunidad, lo hospitales monovalentes de internación en salud mental no entran en esa categoría.

A partir de la normativa los tratamientos deben realizarse en dispositivos cercanos a donde viven las personas con padecimiento mental, lugares socioproductivos y sociolaborales, con una perspectiva de derechos humanos, y cuando sea necesario con internaciones cortas en hospitales generales.

Pero en este contexto de ajuste dentro del sistema sanitario público, se teme la expulsión de los pacientes o su internación permanente en hospitales generales, sin las herramientas necesarias para su acompañamiento y socialización.

Por Emi Urouro

Emilia Urouro

Encargada de la redacción de las notas y de generar contenido para las diferentes plataformas del Resaltador. Feminista, popular y nacional.
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