Organismos de derechos humanos se reunieron con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias para visibilizar el vaciamiento y ataque a las políticas de memoria por parte del gobierno de Milei.
Este martes 17 de septiembre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias mantuvo una audiencia con organizaciones de derechos humanos de nuestro país, para informarse sobre la situación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Estuvieron presentes integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, Familiares de desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS Capital y Memoria Abierta.
También participó el Relator Especial sobre la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de Naciones Unidas, Bernard Duhaime.
Horas antes de la audiencia, el mismo Grupo de Trabajo ofreció su “diálogo interactivo”, el espacio anual en el que los Estados pueden hacer comentarios y preguntas a los diferentes grupos del Consejo de Derechos Humanos. No obstante, ningún representante del Estado argentino participó de esta instancia.
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Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que en este encuentro acercaron «información detallada sobre el desmantelamiento de diferentes áreas y políticas, y sus efectos en la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, entre los que se encuentran niños y niñas apropiados durante la dictadura».
Citaron como ejemplo de esta política de desmantelamiento el cierre de la Unidad Especializada de Investigación que dependía de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
«Concretamente, expresamos preocupación por los obstáculos impuestos al relevamiento, desclasificación y acceso a archivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de inteligencia, así como el vaciamiento de los sitios de memoria. Además, alertamos sobre el crecimiento de los discursos relativistas y negacionistas por parte de funcionarios de máximo nivel de responsabilidad y las acciones para procurar distintas formas de impunidad para responsables de delitos de lesa humanidad. También informamos sobre la parálisis en la tramitación de solicitudes de reparación», precisaron.
Las organizaciones le solicitaron al Grupo de Trabajo de la ONU que visite el país, realice un seguimiento de los retrocesos denunciados e «inste al Estado a cesar en el desmantelamiento de estas políticas, restablecer las que ha discontinuado, apoyar los procesos de investigación y juzgamiento de los crímenes de la dictadura y abstenerse de formular discursos negacionistas, relativistas o reivindicatorios sobre delitos de lesa humanidad».
Por último, pidieron que se advierta al Estado «acerca de la necesidad de que todos los poderes y agencias adopten medidas específicas para la búsqueda, localización y restitución de la identidad de las víctimas de desaparición forzada«.
Con información de La Nueva Mañana.
