En Santa María, las mismas comunidades originarias tuvieron que frenar las máquinas y lo lograron, momentaneamente, a pesar de que están protegidas por la Policía de Córdoba.
Este martes se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba por el daño arqueológico irreversible que ocasionaría la empresa SACDE en inmediaciones del Río Yuspe de la ciudad de Cosquín y en la localidad de Santa Marí, por la construcción de la autovía de Punilla.
La acción judicial fue impulsada las comunidades indígenas de Villa Ancón, Las Tunas, Siquiman y Nueve lunas del pueblo Nación Kamiare, Kamichingon, que habitan en el Valle.
En diálogo con El Resaltador, el abogado a cargo de la denuncia, René Amsler, contó que «se trata de hechos que fueron advertidos por vecinos y por miembros de comunidades originarias», y que además «nunca han sido consultados, algo que está estipulado en el Convenio 169 de la OIT».
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«Los obradores ya han sido emplazados en distintos lugares y avanzan con máquinas topadoras que van removiendo espacios. Allí las comunidades han reconocido sitios sagrados, sitios arqueológicos de un inmenso valor del cual no somos conscientes. El valor de esos sitios son demasiado grandes para pasarlos por encima así nomás», señaló Amsler.
En el caso de Santa María de Punilla, las mismas comunidades tuvieron que frenar las máquinas y lo lograron, momentaneamente, a pesar de que están protegidas por policías.
«Se sabe que estas obras se piensan hacer con la Policía. Es la Policía rodeando y protegiendo máquinas y desprotegiendo el desmonte: esa es la foto de la Córdoba 2022«, manifestó el abogado.
El entrevistado explicó que, además, allí tuvo que intervenir la Agencia Córdoba Cultura para que el Comisario les indique a la empresa SACDE que pasen por otra zona.
En cuanto a la denuncia, detalló que se va a la Justicia Federal por una cuestión de «competencia», y porque ya han intentado en la Justicia provincial de distintas maneras pero aún no tienen respuestas.
«Se presentó gran cantidad de pruebas y se espera que se impute a los resposables y se paralice la obra hasta tanto se realice un estudio arqueológico y paleontológico adecuado, suficiente, profundo, y una vez que se haya agotado ese estudio, recién comiencen a pasar la palas mecánicas», dijo Amsler.
Y agregó: «No tienen idea lo que hay ahí. Hay patrimonio de comunidades que vivieron hace 12 mil años, es muy grave. Esto ya está denunciado, no es nada nuevo».
Consultado sobre qué esperan con esta nueva acción judicial, respondió: «Ya sabemos que nos van a decir que no. Pero se lo vamos a decir porque en algún momento la historia va a hablar sobre esto y es bueno que ellos ya tengan en su mesa todo lo que nosotros denunciamos, porque los vamos a juzgar. La gente está protegiendo bienes comunes, que es por la vida de todos, y ellos están destruyéndolo por 2 pesos«.