¿De qué trata la Ley de Seguridad Pública que impulsa el oficialismo cordobés?
Hoy comenzó a tratarse en comisión legislativa el proyecto de ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. La iniciativa fue presentada por el gobernador Martín Llaryora. Este jueves 14 de diciembre comenzó a tratarse en comisión legislativa el proyecto de ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública […]
Por Emilia Urouro | 12/14/2023
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Hoy comenzó a tratarse en comisión legislativa el proyecto de ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. La iniciativa fue presentada por el gobernador Martín Llaryora.
Este jueves 14 de diciembre comenzó a tratarse en comisión legislativa el proyecto de ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana; impulsado por el gobernador Martín Llaryora.
Se estima que el proyecto será tratado la semana que viene en la Legislatura de Córdoba. Según informaron desde el Gobierno de Córdoba, se trata de un marco jurídico para la implementación de "un nuevo modelo de seguridad y convivencia, desde una perspectiva federal, haciendo más ágil la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico".
Esta iniciativa, en una provincia atravesada por los casos de gatillo fácil y la violencia institucional, ha llamado la atención:
📌 Durante los tres gobiernos del PJ cordobés, hubo 240 asesinatos perpetrados por el Estado.
📌 En los últimos ocho años hubo 75 casos de gatillo fácil, 7 muertes en contextos de encierro (hasta 2022) y 15 femicidios a manos de la policía.
📌 Actualmente, hay 33 personas judicializadas por ejercer el derecho a la protesta social.
Por otra parte, si bien plantea test de narcóticos, no contempla pericias psicológicas para quienes integran al Estado.
El periodista Andy Ferreyra, escribió al respecto: "Pese a los reiterados casos de condenas y denuncias por violencia de género que involucra a funcionarios (Diego Concha, por citar un ejemplo), la política de Córdoba sigue subestimando la salud mental de las personas y la sociedad en general".
Puntos claves del proyecto
Guardias Locales de Prevención y Convivencia, con la incorporación de Agentes Locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba y en el marco de estrategias comunitarias.
Más Fiscalías Antinarcóticos (se incorporan seis más en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz, Cruz del Eje y ciudad de Córdoba). También se crean 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba.
Incorporación de empresas privadas de seguridad al sistema. Se permitirá que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Narcotest expedido por institución médica que analice la presencia de drogas psicotrópicas ilegales. Esta medida alcanzará de manera obligatoria a quienes desempeñen funciones por elección popular: Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunos, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, y Asesores.
Las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, existentes en bancos, superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio, espacios públicos, etc. deberán estar articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
El ministro de Seguridad de la Provincia, defensor de la propuesta
El miércoles por la mañana, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, presentó en una conferencia de prensa el proyecto de ley.
Aclaró que las guardias locales serán “auxiliares de la policía: pueden usar armas no letales, pueden reducir una persona, la pueden aprender e inmediatamente tienen que entregarle el procedimiento a la fuerza policial, no suplanta en absoluto a la Policía de la Provincia de Córdoba, que tiene las atribuciones por ley como fuerza de seguridad”.
Al ser consultado sobre posibles protestas sociales, Quinteros dijo que no van a "tolerar hechos de violencia". A pesar de esa declaración, garantizó el derecho a la protesta social, amparado legalmente, “pero aquel que quiera llegar a su lugar de trabajo, abrir su negocio, desarrollar su actividad con libertad, nuestro compromiso y obligación es garantizarle que también lo pueda hacer”.
Estos comentarios deben ser tomadas en un contexto económico y social complicado, donde es esperable que parte de la sociedad ejerza su derecho a la protesta contra las medidas de ajustes anunciados por el Gobierno Nacional y que impactaran en todas las provincias.
¿Para ajustar es necesario tener más seguridad? ¿Por qué preocupa tanto que la gente se manifieste en las calles? ¿Por qué se suma al sector privado a la tarea de seguridad de un Estado provincial? Estas preguntas serán respondidas en próximas notas.
