Sara Maldonado, integrante de una comunidad wichí de Chaco, murió mientras familias indígenas mantienen un acampe en Misión Nueva Pompeya para exigir atención sanitaria, alimentos y acceso al agua. El deterioro de las condiciones de vida y el retroceso de políticas públicas profundizan una crisis histórica.
La muerte de Sara Maldonado, una mujer wichí de 64 años que había sido trasladada de urgencia desde Misión Nueva Pompeya a Juan José Castelli por graves afecciones pulmonares, expuso la crítica situación que atraviesan las comunidades indígenas de El Impenetrable chaqueño.
El fallecimiento ocurrió durante el quinto día de un acampe que reúne a familias de distintos parajes de la región bajo una consigna que sintetiza una preocupación creciente. «Basta de hambre y muertes por tuberculosis». Para las organizaciones que sostienen la protesta, la muerte de Maldonado no constituye un episodio aislado, sino una expresión de problemas estructurales vinculados al acceso desigual a derechos fundamentales como la salud, la alimentación, el agua potable y la vivienda.
Según referentes comunitarios, la mujer había sido derivada el domingo 7 de junio de 2026 con un cuadro crítico que incluía hemorragias respiratorias y complicaciones pulmonares y estomacales. Su fallecimiento se produjo mientras cientos de personas continúan reclamando respuestas urgentes frente a una situación sanitaria que describen como cada vez más grave.
Un reclamo que atraviesa a todo El Impenetrable
La protesta se desarrolla en el predio conocido como «La Balanza Vieja», en el acceso a Misión Nueva Pompeya. Allí permanecen desde el 5 de junio integrantes de comunidades de Nueva Pompeya, El Sauzal, El Sauzalito, Fortín Belgrano, Comandancia Frías, Tres Pozos, Vizcacheral y Wichí El Pintado, entre otras localidades.
Los manifestantes exigen la declaración de la emergencia sanitaria y alimentaria, el envío de médicos, medicamentos y ambulancias, la reapertura de merenderos y comedores, la restitución de servicios básicos y avances en la regularización de tierras ancestrales.
También denuncian que la falta de agua potable y las condiciones habitacionales precarias favorecen la propagación de enfermedades como tuberculosis, Chagas y distintas parasitosis, problemas que desde hace años forman parte de los diagnósticos realizados por organizaciones territoriales, organismos de derechos humanos y equipos de investigación que trabajan en la región.
Una crisis que llegó a la Justicia
La situación motivó además nuevas intervenciones judiciales. Esta semana, la defensora general adjunta del Chaco, Gisela Gauna Wirz, solicitó la urgente conformación del tribunal encargado de resolver una acción de amparo presentada en favor de las comunidades indígenas de El Impenetrable.
En su presentación, la funcionaria sostuvo que la situación humanitaria que dio origen a la demanda no solo persiste sino que se ha agravado con el paso del tiempo. Como evidencia señaló tanto la denominada «Marcha del Hambre» realizada meses atrás como el actual acampe en Nueva Pompeya.
Asimismo, advirtió sobre la ausencia de respuestas efectivas frente a problemas vinculados con el acceso al agua, la alimentación y las condiciones mínimas de subsistencia de las comunidades. Está previsto que este viernes visite el acampe para relevar testimonios y conocer de primera mano la situación de las familias movilizadas.
Más que una emergencia sanitaria
La muerte de Sara Maldonado reaviva una problemática que excede la coyuntura. Las comunidades indígenas del norte argentino enfrentan desde hace décadas indicadores sociales y sanitarios significativamente más desfavorables que los promedios nacionales, producto de procesos históricos de despojo territorial, exclusión y desigualdad.
No obstante, organizaciones indígenas y sociales advierten que la situación se ha agravado en los últimos meses como consecuencia del debilitamiento de programas de asistencia alimentaria, la reducción de recursos destinados a políticas sociales y la pérdida de capacidades estatales para intervenir en territorios que presentan altos niveles de vulnerabilidad.
En ese marco, sostienen que enfermedades asociadas a la pobreza y a las deficientes condiciones de vida continúan provocando muertes que podrían evitarse mediante políticas sostenidas de atención primaria, acceso al agua segura y fortalecimiento de los sistemas de salud comunitarios.
Lejos de tratarse únicamente de una emergencia sanitaria, el conflicto que hoy se expresa en las rutas y en los tribunales chaqueños interpela la capacidad del Estado para garantizar derechos reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales que protegen a los pueblos indígenas.
Reclamos y respuestas oficiales
En paralelo, dirigentes del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y del Partido Comunista Revolucionario (PCR), que participaron de actividades en Nueva Pompeya, denunciaron un agravamiento de la situación social y sanitaria de la región.
Según señalaron, la pérdida de fuentes laborales, el cierre de espacios de asistencia alimentaria y las dificultades para acceder a la atención médica están generando un aumento de las muertes evitables. También cuestionaron al oficialismo provincial por impedir el tratamiento legislativo de iniciativas vinculadas con la emergencia alimentaria y sanitaria.
Mientras tanto, el gobierno de Leandro Zdero destacó esta semana la firma de un acuerdo de cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para fortalecer las políticas sanitarias en la provincia.
No obstante, las comunidades que permanecen acampando en El Impenetrable aseguran que esas iniciativas todavía no se traducen en mejoras concretas para quienes habitan los territorios más alejados del Chaco.
