El presidente electo, Javier Milei, tiene un objetivo claro: reducir al mínimo la intervención del Estado y dar vía libre al mercado. Entre las primeras medidas anunciadas, dijo que privatizará YPF y los medios de comunicación estatales, a los que consideró un «mecanismo de propaganda».
Faltan diez días para que Javier Milei asuma su mandato como presidente de la Nación, tras resultar ganador del balotaje el pasado 19 de noviembre.
Un día después de la jornada electoral, el libertario anunció una serie de medidas a tomar en los 4 años de gestión que le esperan por delante: privatización de YPF, eliminación del programa Precios Justos y privatización de los medios públicos, un sistema en red entre Radio Nacional, TV Pública y la agencia Télam.
A propósito de sus declaraciones, nos centraremos en este último punto.
En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en LN+, Alberto «Bertie» Benegas Lynch, diputado electo por La Libertad Avanza, ratificó la privatización, puntualizando que no existe «algo así como el derecho a la información».
Para contrarrestar «el adoctrinamiento» de los contenidos estatales, propuso que «si querés un medio marxista, somételo a rigor del Estado y ve qué auspicios tenés y qué audiencias tenés, eso es perfectamente legítimo».
Para Javier Milei, la TV Pública funciona como un «mecanismo de propaganda». «No adhiero a un Ministerio de Propaganda encubierto, tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado», anunció, e incluyó a la Agencia Télam.
Si bien el plan de gobierno de Milei se va perfilando hacia el achicamiento del Estado y el avance del mercado por sobre él, es importante resaltar que no podría privatizar los medios públicos de manera tan ligera.
Ley de Reforma del Estado
En 1989 se sancionó la Ley de Reforma del Estado, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Esta normativa autorizaba al presidente a privatizar un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos.
Lejos de cumplir con las premisas que pregonaban sus gestores, los resultados contribuyeron al deterioro de las condiciones de vida de la población, aumentando la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la indigencia. El proceso de privatizaciones estuvo además atravesado por la corrupción estructural.
A partir de la sanción de la citada ley, el Estado argentino se fue retirando de sus funciones básicas e indelegables, generándose una situación social cada vez más deteriorada que tuvo su corolario en las jornadas de fines de diciembre del año 2001.
Tal como dicta la ley, para privatizar total o parcialmente una empresa del Estado, previamente tiene que pasar por el Congreso de la Nación.
El acceso a la información es un derecho humano
Pierina Propato, delegada de Radio Nacional, explicó que «para hablar de la importancia de los medios públicos es necesario pensar en varias cuestiones».
En primer lugar, hay que considerar desde «dónde se concibe la comunicación, discusión que quedó saldada con el debate de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que significó un cambio de paradigma al establecer la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía, como lo establecía la Ley de Radiodifusión en la dictadura».
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene como finalidad «democratizar el espectro radioeléctrico, que es un recurso natural finito y cuya propiedad es del Estado, para dividirlo en tres partes iguales», agregó Propato.
De este modo, los privados con fines de lucro, privados sin fines de lucro y el propio Estado pueden participar en la explotación de las frecuencias, garantizando así la pluralidad de voces.
«No puede haber libertad de información y comunicación si no hay pluralidad de voces. ¿Puedo hacerme de una idea sobre algo si todos los medios responden a los mismos intereses? ¿O es mejor comparar, contrastar, cotejar información de diversas fuentes?», se pregunta la entrevistada.
En línea con lo mencionado, Facundo Arzamendia -trabajador de Radio Nacional- manifestó que la «pluralidad de voces» no es una «frase hecha». «Tenemos una misión, sobre todo quienes trabajamos en estos espacios, de poder discutir qué es lo que ponemos al aire y por qué, que es algo que no pasa en los medios hegemónicos privados. Desde los medios públicos muchas veces entre los trabajadores discutimos el contenido, cómo encarar cada una de las noticias, y además le damos voces y entendemos a la comunicación y a la información como un derecho y no como una mercancía», resaltó.
Para Propato, «hablar hoy de privatizar los medios públicos de comunicación es uno de los retrocesos más grandes que podría haber. ¿Por qué el Estado debería delegar un derecho tan fundamental como el de la comunicación?»
Los medios de comunicación estatales no van en sintonía con la lógica del mercado. Por el contrario, «llegan a donde el mercado no llega porque no lo considera rentable y lo mismo ocurre con el contenido».
«Lo que vemos y escuchamos por la radio y televisión pública difiere de esa lógica. Pensemos en la pandemia: seguimos educando, garantizando el acceso a materiales educativos para chicos y chicas en sus casas en el momento en que las escuelas estaban cerradas y cuando la conectividad no es una realidad para todas las personas».
Esta realidad también se cristaliza con documentales, contenido infantil, de género, de artistas independientes. «Los medios públicos responden a la agenda de la sociedad, no a la de los gobiernos como intentan instalar», expuso la delegada de Radio Nacional.
Ajuste inevitable
Para Arzamendia, la privatización de un medio como, por ejemplo, Radio Nacional, trae consigo sí o sí un fuerte ajuste. «Hoy no es viable para un empresario y/o para el ámbito económico privado poder comprar una cadena con esta magnitud, no solo territorial, sino por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que estamos en medios estatales».
«Sí o sí, tenés que ir al ajuste, a recortar», sumó. Esto se traduce en retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, eliminación de los 300 contratos precarizados que actualmente existen, entre otros puntos hostiles.
«Es inviable desde el ámbito privado sostener medios de estas características. Si se privatizan no solo se perdería soberanía, sino además puestos de trabajo, accesibilidad a la información y a la comunicación y pluralidad de voces», concluyó.
