En la Cámara de Senadores, se debate la aprobación de los nominados por Javier Milei para cubrir los puestos vacantes en el Máximo Tribunal: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Las organizaciones Gides, Fundeps, El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir señalaron que no son idóneos para los cargos postulados.
El pasado 15 de abril, el Poder Ejecutivo dio a conocer las candidaturas para integrar la Corte Suprema de Justicia: se trata de Ariel Lijo, juez federal, y García Mansilla, abogado, ambos nominados por Javier Milei.
Estas postulaciones fueron duramente criticadas por el cuestionable manejo que tienen en materia de derechos humanos. En 2018, Mansilla se pronunció en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y también criticó tratados internacionales. Por su parte, Lijo, tiene denuncias en su contra por falta de investigación en casos de corrupción (entre ellas el caso AMIA) y por enriquecimiento ilícito.
Para que los pliegos sean tratados en el recinto, los postulantes necesitarán cosechar 9 firmas, en una comisión que cuenta con 17 integrantes: siete de Unión por la Patria, cuatro de la Unión Cívica Radical, uno del PRO, uno de La Libertad Avanza y cuatro miembros de bloques federales.
En este contexto, Fundeps, El Telar, Gides y Católicas por el Derecho a Decidir presentaron ante la Cámara de Senadores los motivos por los que los mencionados no son idóneos para los cargos postulados. En el comunicado, manifiestan que no cumplen con las condiciones requeridas para integrar el máximo órgano de Justicia de nuestro país.
Desde Fundeps y El Telar señalan que la postulación de ambos es un gran riesgo porque «la Corte Suprema es el último tribunal de decisión y garantía del país, y la misión de la Corte es proteger los derechos constitucionales, entre ellos la vida, la integridad, los bienes y el ambiente de todas las personas. En primer lugar, si estos candidatos llegasen a integrar el máximo órgano de Justicia, los derechos de la ciudadanía quedarían en un estado de vulnerabilidad».
En este sentido, señalaron que Ariel Lijo actualmente es Juez Federal y tiene más de 30 denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, es acusado por demoras excesivas en sus causas y niveles bajísimos de resolución de causas, especialmente de aquellas ligadas a temas de corrupción. El pasado 22 de agosto se presentó en la Cámara Alta para defender su candidatura a la Corte.
A su vez, indicaron que Manuel García Mansilla, quien se presentará en el Senado este miércoles para defender su postulación, tiene antecedentes y declaraciones expresas en contra de la vigencia de derechos ampliamente contenidos en la Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, particularmente de aquellos vinculados a la vida, salud e integralidad de las mujeres y diversidades sexuales.
Apuntan que expresó públicamente su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación.
«En segundo lugar, integrar el máximo cuerpo de Justicia del país con personas tan cuestionadas, impacta sin dudas en una falta de confianza en las instituciones públicas. Esto, en última instancia, repercute en un mayor descontento social y debilitamiento de nuestro sistema institucional y democrático» afirmaron desde Fundeps y El Telar.
También señalaron que los perfiles, trayectorias e inclinaciones políticas de Lijo y García Mansilla están alineadas con el Ejecutivo actual.
«Hoy se está impulsando una agenda desde el Ejecutivo que demoniza los derechos humanos y los organismos internacionales, y uno de los candidatos a la Corte se caracteriza por rechazar históricamente los tratados internacionales a los que hemos adherido (por García Mansilla). Además, en muchas oportunidades, y trascendiendo los posicionamientos ideológicos, los candidatos han sido cuestionados por su transparencia, negligencia y retrasos injustificados en el cumplimiento de sus tareas» concluyeron.
Justicia sin paridad
El Ejecutivo propone a Lijo y a García Mansilla para cubrir el quinto lugar de la Corte Suprema, tras la salida de Elena Highton de Nolasco (renunció el 1° de noviembre de 2021), y en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre, respectivamente.
Desde esa fecha el Máximo Tribunal viene funcionando con cuatro miembros varones: Rosenkratz, Lorenzatti, Rosatti y Maqueda. La decisión de postular dos miembros hombres es cuestionada por diversas opiniones.
Al respecto, desde El Telar y Fundeps afirmaron que «hay que dejar de considerar las cuestiones de género como optativas o secundarias y evidentemente queda mucho camino por recorrer. Es una obligación del Estado garantizar la paridad de género».
Es así, que sugieren que más allá de las candidaturas que proponga el Ejecutivo, señalan que el Senado tiene un rol central, como órgano ampliado de representación política.
«En cuanto a estándares propios de representatividad y participación, es importante destacar que las mujeres integran más del 57% del sistema de justicia, pero solo conforman el 29% del total de las autoridades y están ausentes en la representación de la Corte Suprema. Y por el otro, es fundamental recordar que todas estas medidas forman parte de los lineamientos internacionales de derechos humanos para lograr una verdadera igualdad de género» apuntan.
Destacan que en el año 2003 el Poder Ejecutivo emitió un decreto donde, entre otras cuestiones, estipula la necesidad de integrar la Corte Suprema en forma paritaria, según el género. «Sin embargo, tanto en el 2016 como en esta oportunidad, esta parte de la reglamentación no se tuvo en cuenta» recuerdan.
En 2015, el entonces presidente Mauricio Macri designó a Rosenkratz y Rosatti en la Corte, decisión criticada entre otras cosas por reducir a la mitad la presencia de mujeres en el máximo tribunal, sin respetar la equivalencia de género y no nombrar al menos una jueza en lugar de la fallecida Carmen Argibay.
Por último, desde El Telar y Fundeps critican la falta de paridad de género en las postulaciones de Lijo y García Mansilla, exponiendo que hay muchísimas mujeres que cumplen con todas las condiciones para formar parte del máximo tribunal de Justicia.
«Solo como para tener en cuenta algunos datos, de 112 integrantes de la Corte a lo largo de la historia argentina, solo 3 fueron mujeres. En contraposición a que, por ejemplo, 6 de cada 10 estudiantes de la carrera de abogacía de todo el país son mujeres. No es que no haya candidatas, el punto es que no se las elige para los altos puestos de decisión» afirman.
Conlcuyeron señalando que Impulsar candidaturas puntuales es una facultad propia de los poderes gubernamentales, pero desde las organizaciones de la sociedad civil se monitorea el proceso y alertan sobre el cumplimiento de la ley y los derechos.
