Con recursos provinciales, el gobierno de Martín Llaryora anunció un programa de 2.000 millones de pesos para evitar el cierre de centros que atienden a personas con discapacidad. Denuncian deudas millonarias de Nación y una situación crítica en el sistema de prestaciones.
Ante la retracción de los envíos financieros desde el Estado nacional, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó este martes 5 de mayo el programa “Córdoba Sostiene”, un fondo de contingencia de 2.000 millones de pesos destinado a garantizar la continuidad de instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
La iniciativa apunta a evitar el cierre de organizaciones que atraviesan una situación límite por la falta de pago de prestaciones nacionales. Entre los casos más comprometidos se encuentran entidades como Apadim y el Cotolengo Don Orione, que -según explicó el mandatario- estaban al borde de suspender actividades.
En declaraciones televisivas, Llaryora definió el escenario como una “emergencia social total” y señaló que la Provincia debió redirigir recursos propios para cubrir gastos urgentes como salarios e insumos básicos. “Ese fondo lo tuvimos que replantear para que sirva para la diaria frente a estos incumplimientos”, sostuvo.
Deudas, denuncias y tensión con Nación
El gobernador denunció un incumplimiento sistemático de la Ley de Discapacidad por parte del Gobierno nacional y advirtió sobre una deuda cercana a los 5.000 millones de pesos, sin intereses, por parte del PAMI.
Uno de los focos más críticos se registró en la localidad de Marcos Juárez, donde el cierre de una clínica dejó sin cobertura a 5.500 adultos mayores. Frente a esta situación, el sistema de salud provincial debió ampliar su capacidad operativa, incorporando nuevas camas, ambulancias y personal. Los casos de mayor complejidad son derivados a centros de Bell Ville y Villa María.
En este marco, Llaryora remarcó la falta de diálogo con el Ejecutivo nacional y afirmó que no mantiene contacto con el presidente desde octubre.
También cuestionó las políticas recientes, a las que calificó como perjudiciales para el interior del país. “Las provincias y los municipios no pueden suplir lo que la Nación ha dejado de hacer”, advirtió.
Además, confirmó que Córdoba recurrió a la Corte Suprema de Justicia para reclamar el pago de transferencias adeudadas a la Caja de Jubilaciones.
