La UNC, la FAO y organismos provinciales trabajan en un proyecto de prevención de incendios forestales en el noroeste de Córdoba. La iniciativa combina planificación territorial, talleres comunitarios y mapas participativos para proteger el monte nativo.
Un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y organismos provinciales, avanza en un proyecto de prevención de incendios forestales en el noroeste cordobés, una de las regiones con mayor conservación de bosque nativo de la provincia.
La propuesta apunta a anticiparse a los focos ígneos mediante estrategias de planificación territorial, fortalecimiento de capacidades locales y participación comunitaria. El trabajo se desarrolla en el marco de los Planes de Prevención de Incendios Forestales (PPIF), impulsados por FAO Argentina, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y gobiernos provinciales dentro del Proyecto Pago por Resultados de REDD+ (PPR), financiado por el Fondo Verde para el Clima.
Córdoba integra el grupo de siete provincias incluidas en esta estrategia nacional. Los recursos otorgados por la FAO son administrados a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC.
Desde el equipo técnico explicaron que el objetivo central es construir un plan de prevención “situado”, diseñado a partir de las necesidades y conocimientos de las comunidades locales. La iniciativa provincial fue ideada por la Secretaría de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía de Córdoba y se encuentra enmarcada en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Silvana Font, coordinadora del PPIF de FAO Argentina, recordó que entre 2014 y 2016 el país logró reducir la deforestación y la degradación forestal gracias a la aplicación de la Ley de Bosques, lo que permitió acceder a financiamiento internacional para profundizar políticas ambientales vinculadas a la prevención de incendios.
Talleres comunitarios y mapas de riesgo
El proyecto incluyó diagnósticos socioeconómicos, culturales y ambientales para relevar tanto el estado del bosque nativo como las condiciones de vida de las comunidades de la zona. Para ello se realizaron recorridas territoriales, encuestas, reuniones con autoridades locales y análisis bibliográficos.
Además, se desarrolló un taller con especialistas de instituciones científicas y técnicas como la UNC, Conicet, UCC, Inta, Conae, Idecor y Senasa, junto a actores vinculados a la prevención y combate de incendios, entre ellos Bomberos Voluntarios, Brigadas Forestales Comunitarias, Defensa Civil y la Administración de Parques Nacionales.
El equipo técnico está integrado por Carolina Baldini, coordinadora del área social; Laura Bellis, responsable del área forestal; y Juan Argañaraz, coordinador del área de gestión del fuego.
En paralelo, se realizaron seis talleres comunitarios en San Martín, El Tuscal, Las Toscas, Lucio V. Mansilla, San José de las Salinas y Quilino. Participaron 134 personas pertenecientes a más de 15 instituciones y también se generaron actividades para niños y niñas.
Durante esos encuentros se abordaron los usos históricos y actuales del fuego, las amenazas existentes y las capacidades locales para enfrentar posibles incendios. Como resultado, se elaboró un mapa participativo de riesgo de incendios forestales validado por las propias comunidades.
Según detallaron desde la UNC, los aportes territoriales permitieron complementar y ajustar los mapas preliminares elaborados por especialistas, incorporando experiencias y conocimientos locales.
Una zona clave para conservar el bosque nativo
La región seleccionada pertenece a la ecorregión del Chaco Árido y concentra algunos de los remanentes de monte nativo mejor conservados de Córdoba. Gran parte de esas áreas se encuentran protegidas bajo las categorías roja y amarilla de la Ley de Bosques.
Aunque en los últimos años no se registraron incendios de gran magnitud, existen antecedentes históricos preocupantes. Entre 1986 y 2025 se contabilizaron 530 incendios que afectaron más de 321 mil hectáreas. El año más crítico fue 1988, cuando se quemaron cerca de 111 mil hectáreas.
Los especialistas advirtieron que el avance del cambio climático genera condiciones meteorológicas cada vez más propicias para la propagación del fuego, lo que incrementa los riesgos sobre los ecosistemas y las comunidades rurales.
El proyecto también identificó problemáticas sociales que podrían agravar una situación de emergencia, como dificultades de acceso al agua, problemas sanitarios y caminos en mal estado que complicarían evacuaciones o el ingreso de brigadistas.
Desde la FAO remarcaron que el trabajo preventivo que se desarrolla actualmente “es la mejor respuesta posible” frente a una problemática que suele cobrar visibilidad únicamente durante las emergencias. En la misma línea, el equipo de la UNC destacó la importancia de actuar antes de que ocurran los incendios para resguardar tanto el monte nativo como a las poblaciones que habitan la región.
