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Controlar la importación de gas y recortar las ganancias de los grupos concentrados: una salida a la crisis energética

Contrario a la idea de ajustar el precio en los hogares, desde OTES señalan que para cuidar el bolsillo de la población, en este contexto, es preciso regular la rentabilidad del sector y pagar precios acordes a los costos de inversión. El Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad realizó recientemente un informe sobre Energía, Tarifas y Salarios para analizar […]

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Contrario a la idea de ajustar el precio en los hogares, desde OTES señalan que para cuidar el bolsillo de la población, en este contexto, es preciso regular la rentabilidad del sector y pagar precios acordes a los costos de inversión.

El Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad realizó recientemente un informe sobre Energía, Tarifas y Salarios para analizar la situación de la producción y comercialización de gas y energía eléctrica en Argentina. El estudio analiza la situación del país en este sector, de cara a la implementación de las próximas políticas que modificarán los subsidios, la exportación y la importación de gas.

Se sabe que a causa del contexto de guerra en Europa, el valor del combustible se elevó a niveles récord y presiona sobre el precio del gas en Argentina, a la vez que anticipa un posible desabastesimiento a nivel mundial.

En medio de este escenario, al cual se le suma una grave crisis económica, el Gobierno nacional quiere cumplir con las exigencias del Fondo Monterario Internacional, aplicando un ajuste en las tarifas para achicar el gasto público. Recientemente, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, anunció medidas para aumentar las exportaciones, controlar los abusos en las importaciones y establecer los límites que tendrán los subsidios.

A la segmentación (de tarifas) se agregan topes de consumo para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios. Quien menos consume o menos ingresos tiene menos paga, quien más consume o más ingresos tiene, más paga”, explicó Massa y agregó que, a raíz de esta política, podrían ahorrar "500 mil millones de pesos al año".

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Contrario a la idea de ajustar el precio en los hogares, desde OTES señalan que para cuidar el bolsillo de la población, en este contexto, es preciso regular la rentabilidad del sector energético y pagar precios acordes a los costos tanto de inversión como operativos. También, se necesita que el Estado tenga una participación activa en la determinación de las decisiones de cuánto, cómo y quienes producen energía, y que ponga controles más rigursoso en la compra y venta de gas al exterior.

Subsidios

¿Por qué las nuevas políticas sobre tarifas apuntan a reducir los subsidios? La explicación es que por la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que limita la suba del precio de las tarifas, el estado empieza a asumir costos cada vez mayores en concepto de subsidios energéticos.

Esto se debe a que si bien la tarifa para el consumidor se encontraba congelada, al productor se le continuaba abonando el precio de mercado. Entonces, en un contexto de suba permanente por la crisis que genera la guerra en Europa y con falta de control del Gobierno sobre la exportación e importación de gas, los recursos destinados a cumplir con la ley son cada vez más altos.

Contrapropuesta

Es indispensable hablar del costo que implica la extracción, el transporte y la distribución del gas cuando hablamos de tarifas, ya que más del 50% de la energía eléctrica proviene de centrales térmicas. Por lo tanto, el precio de la energia (de gas y electricidad, casi en su totalidad) depende del costo de la inversión local, del precio internacional y de la cantidad importada de gas.

En cuanto al factor local, un punto importante está en la primera etapa de su cadena productiva que es la extracción. Esta tarea se realiza en distintas cuencas gasíferas del país, siendo la principal la Cuenca Neuquina que aporta más del 60% de la producción de gas del país. Allí es donde se encuentra el yacimiento Vaca Muerta y donde el Estado interviene, a través de su empresa testigo YPF S.A., extrayendo el 30%. El resto se reparte entre empresas privadas como Total Austral, Tecpetrol, Pan American y Pampa Energía.

Para los economistas de OTES, el Estado debería aumentar su participación en esta etapa y, además, volver a controlar el precio que hoy se regula por oferta y demanda. Una propuesta es volver a la ley de Emergencia Pública, vigente entre 2002 y 2018, que dotaba al Estado Nacional con la capacidad para determinar el precio interno del gas.

Otro factor fundamental es el precio internacional y la cantidad de gas importado. Dado que el precio internacional es generalmente superior al local, un aumento de la cantidad importada eleva el costo promedio local. Para que esto no suceda, es fundamental que el Gobierno controle la exportación y priorice el autoabastecimiento del país.

Aplicando políticas que vayan en estos sentidos se podría reducir los recursos presupuestarios que se llevan las empresas privadas, desvincular la política energética de los condicionamientos externos y bajar el piso de la inflación.

Cristian Dominguez

Redactor y co-productor de contenidos para el sitio web y las demás plataformas de El Resaltador.
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