Con el DNU de Milei, ¿qué pasa con las empresas públicas?

Entre los decretos del presidente se derogó la normativa que impide la privatización de empresas del Estado, y se autorizó la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

El paquete de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el presidente Javier Milei incluye varios capítulos sobre las empresas públicas.

Lo más importante es la derogación del régimen de sociedades del Estado, establecido en la Ley Nº 20.705. En su artículo 3°, se menciona: "En ningún caso, las sociedades del Estado podrán transformarse en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria ni admitir, bajo cualquier modalidad, la incorporación a su capital de capitales privados".

En contraposición, el artículo 48° del DNU indica: “Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”.

El DNU publicado expresa que "es necesario modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades. Que este cambio tendrá el extraordinario beneficio de mejorar la transparencia y el gobierno corporativo de esas empresas, al tiempo que tendrá la virtud de facilitar la transferencia de las acciones a sus empleados, en los casos en que se quiera avanzar en este sentido".

Otra normativa respecto a las empresas públicas a tener en cuenta es la Ley N° 23.696, aprobada en 1989 -durante la gestión de Menem-, que establece que para privatizar total o parcialmente una empresa es necesario que se la declare “sujeta a privatización”.

Esa acción la debe realizar el Poder Ejecutivo con aprobación de ambas cámaras y mayorías simples. La declaración de una empresa como “sujeta a privatización” es aplicable a una empresa pública, pero también a un establecimiento, a un bien o a una actividad. Aprobada la ley, el Poder Ejecutivo debe dictar un decreto de ejecución en el que se fijan modalidades y procedimientos.

YPF

En el caso de YPF, a través de la ley sancionada en 2012 se establece que se declara "de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Créase el Consejo Federal de Hidrocarburos. Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A".

A su vez, la normativa pone un obstáculo para el Poder Ejecutivo y la posibilidad de que privatice a la empresa pública. El artículo 10 de esta ley determina que "se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas [las acciones de YPF en manos del Estado] sin autorización del Congreso de la Nación votada por las 2 terceras partes de sus miembros".

También existe un obstáculo político porque las provincias tienen el 49% del 51% expropiado en 2012. Por lo cual, la negociación con los gobernadores es necesaria y además uno de los principales frenos con los que podría encontrarse Milei.

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La aerolínea de bandera

Aerolíneas Argentinas es, dentro de las empresas públicas, la apuntada dentro de los DNU de Milei.

Es que el capítulo II del DNU menciona que buscará sustituir el artículo 4° de la Ley N° 26.412. Ese artículo reza que el Estado autoriza “la cesión a los empleados de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. por hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del paquete accionario de las respectivas empresas, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”.

A su vez, se señala la modificación del artículo 9° de la normativa: "En ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma".

El decreto de Milei prevé “la cesión, parcial o total, del paquete accionario” a los trabajadores de la firma. De esa forma, dejaría el Estado argentino de tener injerencia alguna en la compañía.

Si bien la aerolínea de bandera es una empresa deficitaria, según los informes de los últimos años, de concretarse la sesión, los trabajadores tendrían otra problemática: la "Implementación de la política de cielos abiertos". 

Esta normativa permite a empresas aéreas de todo origen hacer tanto vuelos de cabotaje dentro del país como realizar vuelos internacionales hacia y desde la Argentina, sin necesidad de tratados bilaterales de reciprocidad. Con lo cual, Aerolíneas no solo dejaría de ser la aerolínea de bandera, sino que pasaría a competir con nuevos y grandes actores internacionales. La cesión es la quiebra.

Banco Nación

El paquete de DNU de Milei también menciona entre las empresas públicas al Banco Nación, y particularmente, a la ley que regula la actividad de la entidad.

En el artículo 41° del DNU, se deroga un artículo de la ley 23.696 que sostiene que se exceptúa al Banco Nación “de la declaración de ‘sujeta a privatización’ al Banco de la Nación Argentina, el que deberá continuar su actividad como institución bancaria de propiedad del Estado nacional”.

El artículo N°2 de la Ley 21.799 que regula la actividad queda derogado. Decía lo siguiente:

“Los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina, excepto en jurisdicción de la Capital Federal, donde únicamente se depositarán los que al respecto determine la ley que rija en esa materia. También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina, los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del Banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”.

Así, el Banco Nación pierde la exclusividad de los depósitos judiciales y de los realizados en moneda extranjera por los organismos nacionales.

Por este motivo, hoy empleados de la entidad bancaria realizaron una protesta contra la privatización del Banco Nación.

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