¿Cómo avanza la causa de loteos ilegales en Candonga?

En 2010, se autorizó a la empresa Ticupil S.A. a trabajar sobre más de 300 lotes en Candonga sobre zona roja de bosque nativo.

En 2010, en Agua de Oro, se le otorgó a la empresa Ticupil S.A. el permiso para realizar un emprendimiento inmobiliario en una zona roja del bosque nativo. Esta autorización la realizó el Gobierno provincial, y afecta a las cercanías del Río Chavascate.

De este modo, los vecinos repudian el proyecto no solo porque va en contra de las normativas ambientales vigentes, sino también porque pone en riesgo la calidad y provisión de agua potable para tres localidades: El Manzano, Cerro Azul y Agua de Oro.

El proyecto prevé construir un country de 308 lotes en una zona que según la ley 9.814 de ordenamiento territorial es zona roja de bosque nativo. Esto quiere decir que en ese territorio no se puede modificar el suelo, siendo la urbanización del mismo algo ilegal.

A pesar del repudio de los vecinos y vecinas y de lo que dice la ley, en 2016 ERSeP aprobó la obra de tendido eléctrico que propuso la empresa Ticupil S.A. para este proyecto inmobiliario.

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La lucha vecinal continúa

Hace un poco más de un año, el 24 de octubre de 2019, la Cámara Cuarta de Apelación en lo Civil y Comercial decidió prorrogar por seis meses la suspensión las obras de la empresa en la zona. La prorroga se efectuó cuando los vecinos y vecinas denunciaron que Ticupil S.A. no había dejado de construir.

En 2020, más precisamente el 30 de diciembre, la Cámara de Acusación decidió devolver a la fiscalía el expediente por el cual se investiga la responsabilidad de ciertos funcionarios en la aprobación del emprendimiento inmobiliario.

En 2013, el entonces Secretario de Ambiente Raúl Costa fue denunciado por abuso de autoridad, dado que aprobó de manera ilegal el proyecto de Ticupil S.A. en Candonga.

“Ticupil S.A. obtiene una Resolución ilegal y, para esto, existen una gran cantidad de funcionarios involucrados. Por lo pronto, hay participaciones pasadas y presentes. Esta Asamblea no olvida y, la Cámara podría estar confirmando eso, que hubo un Ministro de Servicios Públicos de la Provincia, llamado Fabián López, al que le enviamos una Carta Documento, solicitándole haga cesar la Resolución ilegal. No solo nunca respondió la misma, sino que tampoco actuó conforme a derecho”, reza el comunicado de los vecinos de la zona.

“Vamos a presentar ante la Fiscalía toda la prueba con la que contamos y que deja ver claramente que un Secretario de Ambiente en la Provincia de Córdoba no actúa solo, lo hace porque hay todo un andamiaje desarrollado para atentar contra nuestros bienes comunes a favor de intereses económicos especulativos y expropiadores”, finaliza el mismo.