Catamarca: Dos detenidos en Andalgalá por luchar contra la megaminería
Los detenidos son Aldo Flores y Enzo Brizuela, acusados de "desobediencia judicial y supuestas amenazas". En esta nota, el comunicado completo de la Asamblea El Algarrobo. En Catamarca la lucha contra la megaminería no descansa. El pasado 30 de mayo, el fiscal Martín Camps tomó declaración indagatoria a seis personas y decidió dejar detenidos a […]
Por Agustina Bortolon | 05/31/2022
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Los detenidos son Aldo Flores y Enzo Brizuela, acusados de "desobediencia judicial y supuestas amenazas". En esta nota, el comunicado completo de la Asamblea El Algarrobo.
En Catamarca la lucha contra la megaminería no descansa. El pasado 30 de mayo, el fiscal Martín Camps tomó declaración indagatoria a seis personas y decidió dejar detenidos a dos compañeros de la Asamblea El Algarrobo.
Los cargos que recaen sobre ellos son "desobediencia judicial y supuestas amenazas" ante denuncias falsas de personas asociadas a la empresa minera M.A.R.A-Agua Rica.
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Los dos detenidos son Aldo Flores, mayor de setenta años, que actualmente se encuentra incomunicado en el Hospital Zonal debido a una descompensación cardíaca sufrida en medio de su declaración. Por su parte, Enzo Brizuela se encuentra alojado en la comisaría departamental.
Desde la Asamblea responsabilizan directamente "al fiscal Camps, al gobierno y el Poder Judicial de la Provincia de Catamarca por daños a la integridad física y mental de los detenidos, así como de las personas que continuamos resistiendo la imposición de este proyecto que cada día amenaza de muerte a toda la comunidad de Andalgalá y la región".
A su vez, destacaron que "el año pasado, la Policía sacó de sus celdas a quienes estaban detenidos injustamente por los incidentes en las oficinas de Agua Rica para forzar declaraciones ilegales, por lo que se hicieron las denuncias correspondientes por la violación de sus derechos humanos".
"Pedimos insistentemente que la jueza de Control de Garantías Karina Naame determine el desprocesamiento de los compañeros detenidos y los casi treinta judicializados por Camps, que en connivencia con el poder provincial, se instaló en Andalgalá para garantizar la apertura de un proyecto que no tiene, ni tendrá licencia social jamás", finalizaron.
