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Caso Adorni: la Justicia investiga otro inmueble irregular del ministro

Publicado por:Anouk Rubini

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos jubiladas que le vendieron a Adorni un departamento en Caballito, están registradas como las propias prestamistas del funcionario, por US$200.000 en total.

La situación del Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni cada vez se complica más: tras el escándalo por el vuelo de su esposa en el avión presidencial y una propiedad no declarada en un country, ahora hay dos mujeres que figuran en el Registro de la Propiedad como acreedoras de una hipoteca utilizada por Adorni, siendo a su vez quienes le vendieron el inmueble.

Adorni usó la hipoteca en cuestión para comprar un departamento en Caballito de 199 metros cuadrados sobre calle Miró al 500. La propiedad estaba valuada en US$230.000, y la compra se firmó el 18 de noviembre de 2025.

La hipoteca no bancaria era por un monto de US$200.000. Las mujeres registradas como acreedoras son Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64. A cada una de ellas le correspondía, en la documentación, 50% de la hipoteca.

Viegas y Sbabo son las vendedoras del inmueble, pero en una operación absurda habrían financiado mediante esta hipoteca casi el 90% de su compraventa. El departamento quedó a nombre del Jefe de Ministros y su esposa, Bettina Angeletti.

La Justicia investiga al funcionario respecto al origen de los fondos y posibles omisiones en sus declaraciones juradas.

Adorni afirmó que no tiene «nada que esconder», aunque se negó a dar precisiones

Manuel Adorni dio una conferencia de prensa la semana pasada en Casa Rosada. Allí aseguró que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tenía “nada que esconder”. 

Sin embargo, en la conferencia Adorni evitó dar cualquier información relevante sobre sus ultimas compras y movimientos.

Mientras se van sumando las irregularidades patrimoniales del ministro, la Justicia aclara que no presentó la documentación pertinente y en el ojo público crecen las sospechas de dádivas y enriquecimiento ilícito.

La investigación judicial se originó por una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, al advertir que el patrimonio de Manuel Adorni creció un 500% en un solo período fiscal.

Pagano señaló inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni: omisión de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16.000.000 y la incorporación de USD 24.500 en efectivo, supuestamente justificados con préstamos familiares.

En este contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo medidas de prueba para avanzar en el expediente: análisis de registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros, para identificar activos no declarados tanto del funcionario como de su esposa.

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