AutovÃa de Punilla: "El único modo de avanzar con esta obra ilegal es con la fuerza policial"
Este domingo, la Asamblea de Punilla denunció que Franco, nieto de un vecino de 84 años "forzado al desalojo", fue atacado por la policÃa, en el marco del avance de la autovÃa. El colectivo ambiental informó sobre un nuevo caso de violencia institucional, en esta oportunidad, sostienen que fue perpetrado el sábado a la noche […]
Por Emilia Urouro | 07/25/2022
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Este domingo, la Asamblea de Punilla denunció que Franco, nieto de un vecino de 84 años "forzado al desalojo", fue atacado por la policÃa, en el marco del avance de la autovÃa.
El colectivo ambiental informó sobre un nuevo caso de violencia institucional, en esta oportunidad, sostienen que fue perpetrado el sábado a la noche por cuatro policÃas encapuchados y a bordo de motocicletas.
Este ataque se da en el marco del avance del gobierno de Córdoba con la ejecución de la denominada "AutovÃa de Punilla", una autopista alternativa a la actual ruta 38, que busca unir la Ciudad de Córdoba con el Valle de Punilla, destruyendo kilómetros de bosques nativos.
El hecho
De acuerdo al comunicado que difundió la Asamblea de Punilla, Franco, nieto de Abel Méndez, vecino que el Estado busca desalojar, "fue al pueblo a cargar la baterÃa de su celular ya que les han cortado la luz y el agua, para intimidarlos, y al regresar a su casa, cuatro policÃas conduciendo motos de la fuerza, uniformados, encapuchados, en plena oscuridad le dieron una paliza, dejándolo tirado en la tierra".
La organización señaló que luego de ser agredido, pudo comunicarse con un amigo que lo socorrió y lo llevó a su casa. Luego, lo trasladaron al Hospital Domingo Funes, luego pidió el alta voluntaria. Ante este panorama, vecinos y vecinas fueron a la Unidad Judicial de CosquÃn, donde realizaron la denuncia correspondiente.
En relación al punto anterior, en dialogo con el programa radial "Nada del Otro Mundo", una asambleista, Gabriela Taborda Varela, indicó que hubo resistencia a la hora de atender a Franco, cuando llegó casi desvanecido sin poder respirar.
Por otra parte, denunció que no dejaron que sus compañeros y compañeras estén como testigos a la hora de hacerle estudios. Además, nunca se presentó un médico de policÃa judicial para constatar los hechos.
"El único modo de avanzar con esta obra ilegal es con la fuerza policial"
Conversamos con Eugenia Caraballo de la Asamblea Socioambiental San Roque Despierta, parte del colectivo de las Asambleas de Punilla, quien dijo que lo que están viviendo y lo que siento en lo personal, es que el Gobierno viene demostrando que es capaz de utilizar lo que sea para imponer esta autovÃa.
"Cada vez queda más claro que el único modo de avanzar con esta obra ilegal es con la fuerza policial. En el desalojo del acampe de Molinari se utilizó el método del terrorismo de Estado. La sociedad no está siendo consciente de eso", enfatizó la entrevistada.
¿Por qué equipara estos hechos con el terrorismo de Estado? Tanto en el caso de Molinari, como en el hecho que se registró este sábado 23 de julio, los agentes se presentan sin orden judicial, sin identificarse como estipula la ley, sin decirnos que les iban a hacer, todo en medio de la oscuridad de la noche.
La expropiación de las tierras, otra variable para tener en cuenta
El Gobierno de la provincia, Caminos de las Sierras y la PolicÃa de la Provincia de Córdoba, trabajan en conjunto contra la denuncia social para frenar la mega obra vial que atenta contra el poco monte que queda, contra patrimonio cultural y ancestral, contra las viviendas de vecinos y vecinas de Punilla.
"Hay muchas personas aún que no tienen resuelta su situación de vivienda y son posibles desalojados", dijo Eugenia. El tema de los montos que maneja el Ejecutivo es variado, ya que los casos son diferentes. Hay quienes tienen escritura, otros posesión, otros son comunidades indÃgenas, como el caso de la comunidad de Las Tunas
En relación al punto anterior, explicó que la ley de expropiaciones los habilita a pagar el precio fiscal, hasta un 30% más y con eso dar vÃa al desalojo. Es decir, eso puede tomarse como parte de pago del valor final, pero mientras tanto los pueden sacar de sus hogares: "Esto solamente para quienes tienen escritura. Es lo que pretendÃan hacer con el caso de Olga que luego se viralizó y quedó ahÃ".
La asambleÃsta fue clara: "Hay violencia para expropiar. No solo con la policÃa si alguien se resiste, también hay violencia en el uso de lo legal. Las posesiones son legales, pero todas están en diferentes procesos".
Ante este panorama, Mesa de Organizaciones, comunidades indÃgenas y asambleas socioambientales de Córdoba, convocan a movilizar este jueves 28 de julio desde las 08:00 en Tribunal Superior de Justicia (Caseros 551, ciudad de Córdoba).
