El Colectivo 3 de Diciembre presentó un amparo ante la Justicia Federal por la suspensión ilegal de la norma. Hoy hay una marcha en el Parque Sarmiento.
El Colectivo 3 de Diciembre presentó un amparo ante la Justicia Federal y convoca a una marcha para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, ratificada por el Congreso y suspendida ilegalmente por el presidente Javier Milei.
La acción judicial se presentó este lunes ante el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, del Tribunal Oral Federal número 3 de Córdoba.
Además de este amparo, se realizará una marcha en reclamo de la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hoy viernes 17 de octubre, a partir de las 9, una caravana de autos concentra en el Parque Sarmiento y partirá hasta Tribunales.
Aquí en Córdoba, quien presentó el amparo y convoca a la marcha es el Colectivo 3 de Diciembre, asociación cordobesa de transportistas al servicio de personas con discapacidad.
Sin embargo, estas acciones se enmarcan en las jornadas federales de protesta de personas discapacitadas, organizaciones sociales y de DDHH que se vienen llevando a cabo en todo el país.
La marcha de hoy en el Parque Sarmiento concentra a usuarios y usuarias, familias, instituciones, transportistas y prestadores sobre calle Deodoro Roca, a metros de Plaza España, para marchar hacia Tribunales Federales y visibilizar el reclamo.
Desde Córdoba para todo el país
El amparo presentado por el Colectivo 3 de Diciembre tiene alcance nacional y busca representar a todo el sistema integral de discapacidad del país.
«El objetivo es lograr que la Justicia ordene la inmediata aplicación de una ley que reconoce una crisis estructural y que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, pero posteriormente vetada y suspendida sin sustento legal», expresaron desde la organización.
La abogada que representa al Colectivo, Samanta Funes, precisó el alcance del amparo: «Este amparo colectivo representa no solo a los y las transportistas del Colectivo 3 de Diciembre, sino a todo el sistema de discapacidad: personas con discapacidad, prestadores y prestadoras comprendidos en la Ley 24.901 (‘Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad’)».
El Colectivo explicó la gravísima situación que viven las personas discapacitadas en nuestro país: «Desde el inicio de esta crisis, personas con discapacidad ven interrumpidas sus terapias y servicios esenciales, mientras prestadores y transportistas sostienen el sistema endeudados y al borde del cierre. Cada día, una familia pierde su principal ingreso y otra persona con discapacidad pierde su acceso a la atención y la movilidad«.
Por su parte, la abogada Funes subrayó que esta ley de emergencia manifiesta que es el Estado quien tiene que garantizar presupuesto y soluciones a esta crisis. «El sector de discapacidad no soporta una pausa más (…) sin prestadores, no hay garantía de derechos», agregó.
Funes también destacó la responsabilidad política del Presidente Javier Milei en el sufrimiento de la población discapacitada: «El Presidente, una vez más, utilizó sus potestades para obstaculizar y desfinanciar el Sistema Único de Discapacidad (…) decidimos acudir a la Justicia Federal haciendo uso del derecho constitucional de acceso a la justicia, para solicitar la implementación inmediata de la ley suspendida».
Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros, había justificado la demora en la implementación de la ley argumentando que el Congreso debía primero explicar de dónde sacar el dinero para ejecutarla.
Sin embargo, la Constitución Nacional lo desmiente: no le corresponde al Congreso (que además ya votó cuatro veces la ley), sino al Jefe de Gabinete establecer las partidas presupuestarias que se designarán para hacer efectivo el cumplimiento de la Emergencia en Discapacidad.
Las acciones federales, el amparo, las marchas, son estrategias para recordarle al Gobierno Nacional que tiene obligaciones que cumplir para con la población argentina: la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad es una de ellas. La política de déficit cero no puede ser jamás a costa de vulnerar nuestros derechos.
