Alquileres: el Gobierno asistirá a quienes estén en situación de desalojo

El 31 de marzo venció el decreto que prohibía las subas de alquileres y la expulsión de personas de sus hogares. En este nuevo contexto, el Estado anunció medidas para contener a los sectores más vulnerados.

Crédito: @InquilinosAgrup

Según Inquilinos Agrupados, el 40% de quienes alquilan acumularon deuda durante la pandemia, a causa de la crisis económica y sanitaria. Ante un panorama de desalojos, el Gobierno estableció que grupos de personas serán prioritarios para brindarles ayuda y qué información deberá aportar cada organismo estatal para que se pueda elaborar una lista con estos casos.

Mediante la Resolución 5/2021, que fue republicada este martes en el Boletín Oficial, firmada por el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Juan Scatolini, se aprobó el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”. En dicha medida, el Gobierno agregó el Anexo I que da detalles de la normativa.

La normativa abarca los casos en los que locatarios o locatarias de vivienda Única y Familiar en regímenes de alquileres formales enfrenten procesos de mediación o judiciales de desalojo cuyos contratos hubieran estado alcanzados por el Decreto 320/2020 y sus prórrogas.

Vale resaltar que definen como alquileres formales a aquellos contratos de locación de inmuebles declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP).

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¿Cuál es el objetivo de este protocolo? En torno a la actuación institucional, apunta a:

a) Sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial.

b) Desarrollar un registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente y demás criterios que se establecerán en el apartado correspondiente.

c) Proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales.

Para llevar a cabo sus objetivos, el protocolo establece una serie de acciones, como por ejemplo, crear un registro de población en riesgo de desalojo, que entre otros datos, tendrá en cuenta los ingresos, deudas e información que contribuya a la caracterización socio-económica de la persona o grupo locatario.

En dicho registro, también se dará a conocer la composición del grupo familiar o conviviente, si lo hubiera, especificando personas en situación de vulnerabilidad.

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Para poder acceder a toda esta información, que será confidencial, se realizarán convenios de colaboración con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa, el Poder Judicial y la AFIP.

¿Cómo serán asistidas las familias? Con los recursos disponibles en las “Unidades Ejecutoras de Programas de Viviendas Nacionales, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Según explica la resolución, las viviendas en stock o en construcción serán la llave para las familias en situaciones de vulnerabilidad ya sea para compra, comodato, alquiler, u otras formas, “a determinar según la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los hogares”.

Para acceder a los beneficios de las Unidades Ejecutoras, el protocolo establece criterios de priorización (meramente enunciativos):

● Familias monomarentales y monoparentales
● Personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad.
● Víctimas de violencia de género
● Personas con discapacidad
● Personas en extrema pobreza y/o indigencia

Por otro lado, es importante señalar que desde Inquilinos Agrupados, ayer presentaron un amparo pidiendo “a la justicia que frente a la medida tomada por el ministro Jorge Ferrarasi de no extender el decreto 320/20 de forma irresponsable y sin conocimiento de la situación de los inquilinos, suspenda los desalojos”.

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