Si bien indicó que la ley impide su privatización, Adorni explicitó las intenciones del Gobierno Nacional de achicar el medio «lo más que se pueda».
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional achicará «lo más que se pueda» el presupuesto destinado al funcionamiento de la TV Pública y que modificará su nombre para que suene menos «kirchnerista».
Por ley está prohibido privatizar este medio, que es lo que el Poder Ejecutivo querría hacer. Teniendo eso en cuenta, Adorni declaró que por ahora las medidas a tomar serán cambiar el nombre del medio y ajustarlo profundamente mediante una reestructuración, aunque aclaró que no descartan la posibilidad de cerrarlo.
«Cambio simbólico»: otro capítulo de la batalla cultural
Respecto al cambio de nombre, Adorni explicó que se trata de un «cambio simbólico». El objetivo es quitar del medio la centralidad de lo «público», palabra que para el Jefe de Gabinete podría resultar «kirchnerista». Además, Adorni explicitó que desde la asunción de la gestión de Milei, hay instrucciones de retirar «todo lo que sea cartelería con contenido ideológico«.
Una vez más el Gobierno se concentra en dar una cruzada cultural para borrar cualquier rastro de contenido que pueda ser interpretado como opositor. Discursivamente, enmarcan estas decisiones como carentes de ideología y relativas a la «libertad», pero lo que sucede es exactamente lo contrario.
El ataque contra el medio, la amenaza de cierre, el desangre mediante ajuste y hostigamiento a sus trabajadores, el «cambio simbólico» del nombre para remover la dimensión pública y la abierta declaración específicamente antikirchnerista no hacen más que exponer este acto como lo que es, ideología pura: una batalla (ideológica), por remover contenido (identificado como ideológico opositor), y reemplazarlo por otro contenido ideológico (solo que alineado al oficialismo libertario).
RTA intervenida por decreto
La reestructuración de Radio y Televisión Argentina (RTA) -que incluye tanto a la TV Pública como a Radio Nacional– sucede en el contexto de una intervención estatal, recientemente prorrogada mediante el Decreto 79/2026 hasta el 1º de febrero de 2027.
En su discurso, Adorni mencionó que parte del ajuste será ejecutado mediante un plan de retiros voluntarios de empleados de la TV Pública. La medida busca reducir el personal de los medios públicos en aproximadamente 500 puestos, lo que representa un 20% de la actual plantilla de 2.400 empleados. Este recorte afectará a periodistas, productores y personal administrativo tanto de la TV Pública como de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Gremios como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denunciaron una considerable pérdida del poder adquisitivo, con sueldos prácticamente congelados desde agosto de 2024, por lo que muchos trabajadores se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Los empleados de la TV Pública manifestaron su fuerte rechazo a la reforma laboral y advierten que la medida del Gobierno Nacional podría causar un «daño irreversible» a los medios públicos.
