Acuerdo de Escazú: a un paso de la protección del activismo ambiental

El Gobierno promulgó la ley que adhiere al tratado internacional sobre la participación pública, el acceso a la información y a la Justicia en cuestiones ambientales en América Latina y el Caribe. Sólo falta que un país firme el acuerdo para que entre en vigencia.

Este lunes, el Gobierno nacional anunció a través del Boletín Oficial la aprobación y la adhesión al Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. El mismo fue celebrado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica.

El tratado tiene como objetivo también fortalecer y crear capacidades y cooperaciones en pos de un “ambiente sano y el desarrollo sostenible”. Al mismo tiempo, amplía como principio la soberanía de los Estados sobre sus propios recursos naturales.

La adhesión había sido aprobada en la Cámara de Diputados con 240 votos positivos el pasado 24 de septiembre. Hasta ahora, los países adheridos al acuerdo: Argentina, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Sólo falta la adhesión de un país para que entre en vigencia.

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México podría convertirse en el último país integrante del tratado ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado un proyecto para su ratificación. La representante y experta en DD.HH.de la ONU, Mary Lawlor, afirmó que esta decisión “refleja la responsabilidad de México con el medio ambiente y el reconocimiento a quienes lo protegen”.

La decisión argentina, como también puede suceder con la mexicana, es catalogada como una fuente de inspiración para la región. La adhesión ayudaría a “asegurar que las reformas legales, fiscales y políticas ahora en curso también refuercen la protección de quienes defienden los derechos humanos”, detalló la experta.

Distintas organizaciones a nivel mundial celebran la adhesión de nuestro país. Sin embargo, Erika Guevara Rojas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que todavía falta camino por recorrer para lograr un consenso y un trabajo regional e integral.

“Cuando el tratado se abrió a firmas hace exactamente dos años, también se abrió la esperanza de que América Latina y el Caribe hicieran historia con una normativa innovadora que podría contribuir en la protección al medio ambiente y a quienes lo defienden. Los países de la región no deben dejar pasar esta importante oportunidad”, indicó.

Imagen: Cooperaccion.org.pe
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