Acompañe, no castigue

20 personas han fallecido a raíz de la venta de cocaína envenenada en el conurbano bonaerense. Se ha dado lugar a discursos de prevención y concientización sobre el consumo problemático de sustancias, y otros de castigo. ¿Qué resultados tiene seguir avalando estas lógicas? ¿Qué otros abordajes que respeten los DDHH podemos encontrar?

En la actualidad, es normal escuchar sobre la importancia de luchar por una sociedad "libre de drogas", y es pertinente preguntarnos qué sucede con estas palabras, qué es lo que se dice y lo que se hace cuando pregonamos este discurso y fundamentalmente, cuáles son sus efectos.

Queda más que claro, porque lo ha demostrado la sociedad en las últimas décadas, que las políticas de restricción han fracasado. En un contexto en el que el consumo –en todas sus formas– se presenta como un ordenador fundamental de la vida social, las respuestas prohibicionistas parecen una ilusión.

Por eso, bienvenido sea toda iniciativa en pos de maximizar las instancias de cuidado, inclusive aquellas que intenten conciliarlo con el ocio a través de un debate serio e informado sobre el testeo de sustancias que permita prevenir o mitigar las consecuencias negativas de los consumos.

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Guerra contra la nada

En Argentina siempre se llevó a cabo esta corriente occidental de “lucha contra las drogas” o “guerra contra el narcotráfico”, en el cual apuntan a endurecer las sanciones contra quienes consumen o comercializan.

Socialmente lo que está ‘’mal’’ es la ilegalidad de la sustancia, pero ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué algunas drogas sí y otras drogas no? El concepto de droga -en la órbita social y jurídica- no responde estrictamente a una lógica científica sino que incluye caprichosamente a ciertas sustancias (marihuana, cocaína, éxtasis, etc ) y excluye a otras (tabaco, alcohol, psicofármacos, etc). Los fundamentos que se ofrecen no tienen correlato en el daño social, en la nocividad de la sustancia o en la dependencia que ocasionan: responden a estigmatizaciones marcadas por la legalidad de la práctica.

Según un informe de el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), alrededor de 25.000 personas por año son criminalizadas por las fuerzas federales, motivo de tener escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. La mayoría son jóvenes, entre 16 y 30 años, de nacionalidad argentina, de bajos ingresos, sin antecedentes penales y sin estar cometiendo delito alguno al momento de su detención.

Además, desde el CELS informaron que los delitos no violentos relacionados con drogas –como el microtráfico- son la primera causa de detención de mujeres en Argentina. 60% de ellas se encuentran en prisión preventiva, sin comprobarse aún su culpabilidad. Lo que demuestra que la llamada “guerra contra el narcotráfico” no es más que una pantomima para llenar publicidades de campaña electoral.

Los resultados de criminalizar consumidores y el microtráfico solo aumentó el número de personas en las cárceles y nunca disminuyó la cantidad de consumidores ni de narcotráfico.

Abordajes que sí

El paradigma prohibicionista, que tiende a buscar una sociedad libre de drogas, propone como solución dos estrategias: punitivista, en la cual se trata al consumidor como un delincuente; y sanitarista, que encuadra a los usuarios dentro de una "enfermedad".

Pero existe otro abordaje que surgió desde el seno de los movimientos populares, desde los barrios más precarizados del país, que propone un cambio en el modelo de tratamiento con una perspectiva centrada en los derechos humanos. Desde estos espacios parten de una premisa diferente: el consumo no es solo un problema de sustancias, sino fundamentalmente de personas que se vinculan con esas sustancias de acuerdo a sus trayectorias de vida y al contexto económico, cultural y social de la época.

Es por eso que lo central de sus intervenciones es el acompañamiento profundamente integral, territorial y comunitario dentro de los barrios.

Los movimientos sociales y la SEDRONAR, lograron que en Argentina existan más de 200 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs). En Córdoba existen algunos de estos dispositivos, entre ellos están los CAACs como Casa Pueblo, en barrio Yapeyú, y Somos Pueblo, en Ampliación 1° de Julio; y el DIAT de Villa El Libertador.

En estos espacios se brindan talleres, clases de apoyo escolar, deportes, y funcionan como comedor y merendero para la comunidad. También se brinda asistencia y acompañamiento para la prevención de las problemáticas relacionadas al consumo y la violencia de género.

Aquí, se descarta el hecho de evitar el contacto con las drogas. Lo que se tiene como objetivo es reducir los daños que puede causar el abuso de las sustancias, desde una perspectiva interdisciplinaria. Siendo así, la prevención no busca prohibir, sino brindar herramientas que habiliten a la personas para manejar su relación con las sustancias.

La importancia de interpelar el discurso prohibicionista tiene que ver con esto: brindar un acompañamiento real a la persona que pide ayuda en relación a un consumo que le causa sufrimiento, independientemente de la legalidad o ilegalidad del objeto.

Las lógicas de "cura" o "encierro" no fueron, hasta la actualidad, más que callejones sin salidas que provocaron mayor padecimiento en los usuarios de sustancias y en sus familias.

En esta nota: Buenos Aires