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A 18 años de la derogación de las leyes de impunidad

El 2 de septiembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. A 18 años del hecho, repasemos la historia En abril de 1985 […]

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El 2 de septiembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.

Néstor Kirchner y Madres de Plaza de Mayo

A 18 años del hecho, repasemos la historia

En abril de 1985 tuvo lugar el histórico Juicio a las Juntas por un decreto de Raúl Alfonsín. Este proceso judicial, sentaba en el banquillo de los acusados a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares de la dictadura cívico-eclesiástica-militar de 1976.

Los militares sometidos al juicio fueron Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.

La sentencia se dictó el 9 de diciembre de ese mismo año, condenando a cinco de los responsables y absolviendo a cuatro.

Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución.

Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.

Al año siguiente del juicio, Alfonsín promovió la Ley de Punto Final (23.492). La misma, dispuso la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.

Unos meses después, precisamente el 4 de junio de 1987, Alfonsín también sancionó la Ley de Obediencia Debida (23.521).

Esta ley, estableció una presunción iuris et de iure (no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida”, un concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de sus superiores.

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Tensiones, disputas y malestar

Alfonsín, a través de estas dos leyes, buscó que los militares en actividad no resultaran afectados por la investigación judicial, y que sólo se condene a algunos militares de alto rango ya retirados.

A su vez, con la promulgación de las normativas intentó cesar el malestar persistente al interior de las Fuerzas Armadas.

Claramente esto tuvo un fuerte impacto para los organismos de derechos humanos y para muchos sectores políticos, que luchaban desde entonces por memoria, verdad y justicia, en un contexto donde el grito Nunca Más cobraba más y más fuerza.

Las rebeliones carapintadas que se desarrollaron desde 1987 a 1990 también contribuyeron a presionar al poder democrático, influyendo notablemente en la efectivización de estas leyes de impunidad.

Menem y el indulto

Alfonsín abandonó de manera anticipada el gobierno en 1989, llamando a elecciones. Así, Carlos Saúl Menem fue elegido presidente.

Durante su gobierno (1989-1999), Menem indultó a ex comandantes condenados por delitos de lesa humanidad, jefes de organizaciones guerrilleras, militares carapintadas que se habían sublevado y el ex ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz.

El argumento utilizado para llevar adelante los indultos, fue el de querer alcanzar "pacificación y la reconciliación nacional", perpetuando así la impunidad.

Esa decisión causó el fuerte rechazo de los organismos de derechos humanos y de los familiares de las víctimas de la dictadura, y también de la UCR, el principal partido opositor, que repudiaba el perdón a los militares que se habían sublevado durante la presidencia de Raúl Alfonsín y a los exjerarcas del régimen.

El reclamo de los organismo de derechos humanos por "juicio y castigo a los culpables" no cesó durante los años menemistas, y tras años de lucha se logró en 1998 la apertura de investigaciones por apropiaciones de niños llevadas a cabo en la dictadura.

Videla, junto a otros militares fueron detenidos nuevamente. En 2000, se iniciaron los "procesos de la verdad", con el objetivo de conocer el destino de los detenidos-desaparecidos durante los años del terrorismo de Estado.

En 2003 el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner, derogó definitivamente las leyes de impunidad y los indultos. En 2006 fue el primer juicio desde la reapertura de los procesos judiciales.

Durante todos estos años no sólo hubo avances en materia judicial, sino además en la profundización de las investigaciones en pos de esclarecer, comprender y conocer históricamente aquellos años de terrorismo de Estado.

La derogación allanó el camino para considerar a los derechos humanos como el pilar fundamental en el conjunto de las políticas de Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y en la lucha por memoria, verdad y justicia.

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