La Justicia de Bariloche acusó a los integrantes de la comunidad mapuche por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, y usurpación. El Estado argentino continúa persiguiendo y ejerciendo violencia sobre los pueblos originarios, preexistentes a la nación.
Este lunes 30 de septiembre, el juez federal subrogante de Bariloche, Hugo Greca, condenó a siete integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu a dos años de prisión en suspenso por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y usurpación.
Si bien no deben cumplir las penas en la cárcel, los acusados tienen que acatar una serie de condiciones.
La Justicia acusó a miembros de la comunidad mapuche de usurpar sus propios territorios y espacios sagrados y ancestrales, que actualmente están bajo la jurisdicción de Parques Nacionales, en Villa Mascardi.
Las condenas
Marta Jaramillo, María Nahuel, Romina Rosas y Ailén Tapia fueron sentenciadas a dos años de prisión en suspenso. Se les impuso la obligación de presentarse regularmente ante el Patronato de Presos y Liberados de Río Negro y de mantener un domicilio fijo.
Jésica Bonnefoi recibió una pena unificada de dos años y dos meses de prisión.
Por otro lado, Johana Colhuan y Gonzalo Coña fueron condenados a dos años y seis meses de prisión. Se los acusó de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas.
Inicio de la causa
La causa tuvo inicio en el año 2017, tras un violento intento de desalojo por parte del brazo represivo del Estado. En ese entonces, detuvieron a seis mujeres y cinco niños.
El 25 de noviembre, dos días después de las detenciones, la Prefectura Naval fusiló por la espalda a Rafael Nahuel, e hirió con balas de goma a Johana Colhuan y Gonzalo Coña.
En 2022, luego de otro gran operativo brutal, lograron el desalojo definitivo. Siete mujeres fueron encarceladas, cuatro de ellas llevadas por la fuerza a Buenos Aires, para ser detenidas en el Penal de Ezeiza.
Las tres restantes quedaron bajo arresto con sus bebés en Bariloche. Una de ellas, que cursaba un embarazo a término, soportó en cautiverio el nacimiento de su bebé. Todas sufrieron violencia institucional.
Integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu aseguran que «el Estado profundiza, de esta manera, la persecución y el racismo contra los pueblos originarios que defienden los territorios y los bienes comunes, violando la normativa nacional e internacional del derecho indígena y los acuerdos asumidos anteriormente».
