La Asamblea de AGEPJ rechazó por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia. Habrá paro este jueves 2 y viernes 3 de julio en todos los tribunales provinciales, mientras el conflicto continuará tras la feria judicial.
La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) rechazó este miércoles 1° de julio la propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el marco de la negociación impulsada por el Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba. La oferta fue desestimada por 513 votos contra 228, lo que profundiza un conflicto que ya lleva más de cuatro meses.
La propuesta había sido formalizada el pasado lunes durante la mesa de negociación abierta entre el gremio, el TSJ y la Provincia. Pese a que la conducción de AGEPJ recomendó aceptarla, al considerar que representaba un avance en la defensa del acuerdo de equiparación salarial alcanzado en 2025, la mayoría de los trabajadores consideró que el ofrecimiento resulta insuficiente. Sumado a ello, el TSJ amenazó con descontar los paros efectuados anteriormente.
Desde la Comisión Directiva explicaron que la aceptación hubiera permitido sostener el proceso de recuperación salarial por encima de la pauta fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, esa postura quedó en minoría durante una asamblea marcada por una amplia participación y un intenso debate.
Dos posturas enfrentadas sobre cómo continuar el conflicto
Luego de rechazar la oferta, la Asamblea discutió la continuidad del plan de lucha. Un sector, encabezado por las agrupaciones Alternativa 16N y La Judicial, propuso mantener abierta la negociación hasta el 21 de julio y solicitar una mejora de la propuesta al TSJ, suspendiendo tanto las medidas de fuerza como los descuentos salariales mientras continuaran las conversaciones.
Ese planteo contemplaba que, si no hubiera una respuesta satisfactoria, se convocaría a un paro de 60 horas con movilización desde el 22 de julio y una nueva huelga de igual duración la semana siguiente.
Sin embargo, prevaleció otra posición impulsada principalmente por delegados del interior provincial y trabajadores de las Unidades Judiciales y de Policía Científica del Ministerio Público Fiscal, quienes reclamaron respetar lo resuelto en la asamblea del 17 de junio y retomar de inmediato las medidas de fuerza.
La moción de continuar con el paro obtuvo 235 votos, frente a los 115 que respaldaron la continuidad de la negociación.
Paro este jueves y viernes
Como consecuencia de la decisión de la Asamblea, los trabajadores judiciales realizarán un paro durante este jueves 2 y viernes 3 de julio en todos los tribunales provinciales.
El gremio prevé retomar la discusión sobre la continuidad del plan de lucha una vez finalizada la feria judicial, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia presente una propuesta superadora.
Una negociación que no logró destrabar el conflicto
El conflicto salarial entre los trabajadores judiciales y el Gobierno provincial comenzó en marzo. Recién el 17 de junio el Ministerio de Justicia y Trabajo convocó formalmente a una mesa de negociación con participación del gremio y del Tribunal Superior.
La propuesta presentada esta semana consistía en adelantar las cuotas del proceso de equiparación salarial con la Justicia Federal, que originalmente debía completarse en forma escalonada hasta 2028 para la mayoría de las categorías. Además, contemplaba un bono extraordinario de $140.000 por única vez para la categoría inicial.
Para los trabajadores, sin embargo, ese adelantamiento no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo.
Uno de los principales reclamos apunta al incremento de los descuentos obligatorios sobre los salarios. Este año el aporte a la Caja de Jubilaciones pasó del 6% al 8%, mientras que también aumentó un punto porcentual el descuento destinado a Apross. Según sostienen desde el sector, estas mayores retenciones neutralizan los incrementos derivados de la equiparación salarial con la Justicia Federal.
La situación también generó malestar entre funcionarios y magistrados del Poder Judicial, muchos de los cuales iniciaron reclamos administrativos al considerar que los nuevos descuentos afectan el principio de intangibilidad de sus remuneraciones.
