Australia y países de Europa tomaron cartas en el asunto y dispusieron medidas de restricción en el uso de redes sociales para menores de edad. Con ese antecedente global y teniendo como eje de la discusión el bienestar psicosocial de infancias y adolescentes, comienza la discusión en Argentina.
El Congreso ya comenzó a analizar proyectos de regulación del uso de las redes sociales (RRSS) entre menores, en pos de proteger el bienestar psicosocial, emocional y físico de niñas, niños y adolescentes.
Diversos bloques y legisladores presentaron iniciativas que regulan los vacíos legales que le dan vía libre a corporaciones como Meta (la empresa de Mark Zuckerberg, responsable de Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger) para capturar la atención y datos personales de usuarias y usuarios: locación, consumos, conversaciones, deseos, ideas.
Numerosa evidencia científica explica de qué maneras las redes sociales nos impactan a nivel psicológico, social y cognitivo. Ese impacto es especialmente negativo en infancias y adolescencias, considerando sus cerebros aún en desarrollo y etapas vitales caracterizas por el proceso de construcción de identidad, sentidos de pertenencia, relaciones con otros y perspectivas sobre el mundo.
En ese sentido, los proyectos que comienzan a ser debatidos en el Congreso por la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes abordan aspectos que van desde la regulación de la privacidad de los perfiles en redes sociales hasta el tipo de contenidos a los que se expone a las y los menores, como por ejemplo las publicidades de sitios de apuestas online.
Una edad mínima para usar RRSS
Todos los proyectos presentados exigen mejorar la verificación de edad en el proceso de creación de cuenta que habilitan las diferentes redes sociales existentes. Para las y los diputados, el mecanismo de autodeclaración de edad es inviable en tanto es altamente falseable. Proponen en su lugar sumar otros métodos, como biometría o el uso del Sistema de Identidad Digital (SID) del RENAPER (Registro Nacional de las Personas). En algunos casos, se propone cada cierto tiempo la reverificación de la edad de lxs usuarixs.
El proyecto firmado por diputados de Unión por la Patria –Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Pablo Yedlin, María Jimena López y Hugo Yasky– propone el esquema etario más restrictivo entre las mociones presentadas. Establece que incluso con el consentimiento de los progenitores o representantes legales, menores de 14 años tienen prohibido el ingreso a cuentas de RRSS. Desde los 14 a los 16, se propone requerir a las y los usuarios una autorización parental y vinculación obligatoria de sus cuentas al perfil de un adulto responsable; a partir de los 16, podrían registrarse conforme a configuraciones “reforzadas de protección”.
Provincias Unidas también presentó su propio proyecto, con la firma de la diputada María Inés Zigarán, acompañada por varios integrantes de su bloque. En este caso, menores de 13 a 16 años necesitarán consentimiento expreso de los padres para acceder a redes. Mayores de ese rango etario pueden prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales conforme “a su autonomía progresiva”.
El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón presentó un proyecto que no pone el foco en la prohibición sino en garantizar que infancias y adolescencias habiten el mundo digital “en condiciones adecuadas a su desarrollo”. “No estoy de acuerdo con la prohibición, no creo en eso. A lo que tenemos que apuntar es a que los pibes puedan usar mejor las redes, a que se involucren los padres y las escuelas. Y necesitamos avanzar cuanto antes porque está descontrolado”, declaró al medio La Nación.
Prevención y diseño seguro
Entre las redes sociales mencionadas en los diversos proyectos se encuentran X (ex Twitter), Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, pero también aplicaciones de mensajería masiva como WhatsApp, Telegram o Discord.
De aprobarse alguna de las iniciativas, las compañías deberían presentar semestralmente ante el Congreso un informe público que especifique estado de implementación de las medidas, plan de mejoras y estadísticas. El incumplimiento de las empresas tendría consecuencias legales: apercibimientos, auditorías o multas, incluso su cancelación en todo el territorio nacional.
Los proyectos se centran en la prevención y el diseño seguro para proteger el bienestar físico y mental de los menores en estos entornos digitales, con especial énfasis en la protección de datos personales.
Los proyectos coinciden en que la protección de la privacidad no debería depender de un ajuste manual del usuario, sino ser la configuración inicial obligatoria, aplicando el máximo nivel de seguridad disponible: las cuentas de menores deberían tener un perfil privado, sin geolocalización, que solo pueda recibir mensajes privados de contactos y que cuando realicen publicaciones, el algoritmo no amplíe su alcance a desconocidos.
Adicción a las redes
Otro aspecto en el que los proyectos coinciden es en que el actual diseño de las principales redes sociales es potencialmente adictivo, en especial para menores.
El proyecto presentado por Pablo Juliano (diputado perteneciente a Provincias Unidas pero que presentó un texto propio) prohíbe el perfilamiento conductual para menores de 13 años y las técnicas de diseño adictivo que buscan maximizar la permanencia en pantalla.
De modo similar, la iniciativa de Unión por la Patria prohíbe algoritmos que usen datos personales para la “captación compulsiva de la atención”.
El proyecto de los demás integrantes de Provincias Unidas se enfoca en la privacidad desde el diseño, exigiendo evaluaciones de impacto antes de lanzar nuevas funciones digitales que puedan generar un “uso compulsivo”.
“Estás permitiendo un mercado donde la atención de los chicos es la mercadería. Hay que erradicarlo. Además de la atención, me parece importante hablar de la desproporcionalidad. ¿Cómo les vas a pedir a las familias que peleen contra estas empresas?”, declaró Juliano al medio La Nación.
Algunos modos de actuar sobre el diseño adictivo de las redes sociales podrían ser obligar a proveedores que informen a los usuarios menores y sus adultos responsables las consecuencias del uso de RRSS; incluir mecanismos de interrupción de uso luego de cierto tiempo en la aplicación; y eliminar interfaces que, tras ser probadas, se compruebe que maximizan el uso compulsivo de redes.
Los proyectos también abarcan la publicidad
Los proyectos de Provincias Unidas y de UxP coinciden en prohibir anuncios publicitarios para menores de 16 años. En adolescentes de 16 a 17 años, la publicidad deberá ser “adecuada a su edad”. A su vez, disponen que no podrá amplificarse la publicidad de productos prohibidos para menores de 18. Será responsabilidad de las plataformas implementar “medidas técnicas” para impedir la segmentación publicitaria prohibida.
De acuerdo a las iniciativas prontas a ser discutidas en el Congreso, las y los menores no podrán estar expuestos a contenido médico en redes sociales, salvo que provenga de un profesional de la salud con matrícula vigente.
El proyecto de UxP establece específicamente que las búsquedas asistidas por inteligencia artificial incorporen filtros de seguridad para bloquear y establecer protocolos de asistencia ante consultas vinculadas a autolesiones, suicidio o trastornos alimentarios; apuestas y juegos de azar; material pornográfico o de explotación sexual infantil; y contenidos que promuevan la violencia, conductas de riesgo o el acoso digital.
Buscan legislar, además, sobre las apuestas y las plataformas de pago digitales como también restringir o vetar las “cajas de recompensa” o premios aleatorios en videojuegos.
En cuanto al uso de celulares en el ámbito escolar no hay consenso, entre proyectos más restrictivos que prohíben su uso y otros que lo habilitan con regulaciones.
Roxana Domínguez, fundadora de la Asociación Mamá en Línea e impulsora de la ley ya aprobada contra el grooming (sancionada tras el femicidio de Micaela Ortega, adolescente de 12 años asesinada por su acosador en Bahía Blanca), señaló: “La regulación de las plataformas no debe leerse solamente como una discusión normativa, sino como parte de una evolución necesaria frente a la transformación de la comunicación humana. La infancia ya transita su vida social dentro del ecosistema digital, por eso si un niño es sujeto de derecho en el mundo físico, no pierde esa condición cuando enciende un celular, que es muchas veces su puerta de entrada al mundo digital”.
Y agregó: “Esto no significa que va a trasladar toda la responsabilidad a una sola parte. Exige una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y las plataformas. Las familias acompañamos, el Estado regula y garantiza derechos, y las plataformas deben asumir que son sus entornos también pueden ser espacios de riesgo”.
