Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti dejaron firme la cautelar y rechazaron la presentación del Gobierno Nacional, que queda obligado a cumplir con los artículos sobre actualización salarial y becas.
Tras más de ocho meses de incumplimiento del Gobierno Nacional con la Ley de Financiamiento Universitario, finalmente la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario que presentó el Poder Ejecutivo y lo obligó a cumplir con la normativa, en particular los artículos 5 (actualización salarial docente y no docente) y 6 (recomposición de becas).
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada, ratificada y apoyada por el Poder Legislativo, el Judicial y cuatro masivas movilizaciones populares. A pesar de ello, la gestión libertaria antepuso todos los recursos a su disposición para dilatar su cumplimiento, esgrimiendo como argumento que el Congreso debía aclarar las fuentes de financiamiento de la normativa.
En el día de ayer jueves 25 de junio, los tres jueces del máximo tribunal dejaron firme la cautelar que le ordena al Gobierno Nacional cumplir con los artículos 5 y 6 que actualizan salarios y becas respectivamente.
En declaraciones al medio Página 12 Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se expresó: “Es una gran noticia, pero no solo para la comunidad universitaria. Esto es saludable para todas las instituciones de la nación”. El CIN fue el organismo que impulsó la medida cautelar cuando el Gobierno Nacional se negó a cumplir con la ley.
Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme la cautelar que le ordena al Gobierno a cumplir con la aplicación de los dos artículos de la Ley 27.795: el Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes de universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, así como las becas Progresar, Manuel Belgrano y de Enfermería, entre otras.
En el fallo, los magistrados indicaron que el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por eso desestimaron el pedido de excusación del Gobierno solicitado en base a que todos los jueces ejercen la docencia universitaria. De este modo se intimó al Ejecutivo para que haga efectivo el depósito.
La judicialización de la Ley tuvo un largo recorrido: cuando el Poder Ejecutivo se negó a cumplir lo ratificado por el Congreso argumentando la necesidad de esclarecer fuentes de financiamiento, el CIN presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional y el 23 de diciembre, el juez Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6. Pero seis días después, el Gobierno apeló la medida. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de Cormick y ratificó la cautelar a favor de las universidades, algo que finalmente el Gobierno intentó revertir con el recurso extraordinario que, en el día de ayer, resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una victoria para la comunidad universitaria
Referentes de la comunidad universitaria y de los gremios docentes y no docentes exaltaron el fallo de la Corte como un alivio ante el incumplimiento del Gobierno con la ley.
Hace dos semanas, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, junto con el CIN y gremios docentes y no docentes habían negociado un acuerdo salarial que, si bien constituía un avance en el conflicto, dejó a muchos disconformes. Aquel aumento acordado para docentes fue del 24,9% en dos pagos (21,3% en junio y el restante en octubre), muy por debajo de la pérdida acumulada de poder adquisitivo desde diciembre 2023, que el CIN estima en un 40%.
La Ley de Financiamiento Universitario establece que la actualización debe ser en un porcentaje no inferior a la inflación informada por INDEC, por lo que la actualización salarial implicaría un 29% más que el acordado, según las estimaciones de los gremios.
Otro de los puntos del fallo es el referido a las becas estudiantiles. En el acuerdo con el CIN, el Gobierno se había comprometido a actualizar las Becas Manuel Belgrano –que están en 82.000 pesos– en un 50%. El fallo de la Corte obliga a actualizar también las demás becas, congeladas desde que asumió Milei.
El fallo dispone que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, pague las becas Progresar, congeladas en 35.000 pesos desde el 2023 y que habían quedado fuera del acuerdo con el CIN.
Más allá de la celebración es importante destacar que el conflicto continúa abierto hasta que el Gobierno Nacional haga efectivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Éxodo docente
Según los datos de la CONADU, desde que asumió Milei casi 10 mil docentes renunciaron a sus cargos en instituciones públicas por los bajos salarios: se fueron a universidades privadas o migraron a otros empleos fuera de la docencia. La recomposición salarial podría ser un aliciente para empezar a recuperar esa situación o, al menos, frenar el éxodo docente.
Para dejar de dilatar la efectivización de la ley, el CIN hizo un pedido de pronto despacho para que se resuelva más allá de los dos artículos más urgentes y que tiene que ver con ítems como gastos de funcionamiento y la inversión en ciencia. “Independientemente del recorrido que haga la discusión sobre la cuestión de fondo, el Gobierno tiene que, de manera inmediata, aplicar lo que está contenido en la cautela, que son estos dos artículos”, expresaron desde el CIN.
