El joven campesino jujeño Franco Matías Javier Oscari continúa detenido por una causa impulsada tras una denuncia de Patricia Bullrich. Su defensa denunció un traslado sin notificación, presentó dos hábeas corpus y cuestionó la prisión preventiva por considerarla arbitraria.
A tres días de la detención del joven campesino Franco Matías Javier Oscari en un operativo de la Policía Federal ordenado por el juez federal Ariel Lijo, su defensa denunció graves irregularidades durante un intento de traslado a Buenos Aires que se realizó sin informar ni a sus abogadas ni a su familia.
Oscari, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y residente en el paraje Las Goteras, en el departamento Santa Bárbara de Jujuy, fue detenido durante la madrugada del 23 de junio a raíz de una causa por presuntas amenazas iniciada tras una denuncia presentada por la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich.
Según denunciaron organizaciones campesinas, el procedimiento se realizó con un amplio despliegue policial. Efectivos de la Policía Federal recorrieron más de 170 kilómetros hasta la vivienda del joven y, de acuerdo con los testimonios de su familia, irrumpieron apuntándolo con armas a él y a sus familiares antes de detenerlo.
Rechazo de la excarcelación y un traslado sin información
El 24 de junio se realizó la audiencia de imputación, en la que la defensa solicitó la excarcelación argumentando que Oscari posee arraigo familiar, territorial y laboral, además de estar acusado por un delito cuya eventual condena sería de cumplimiento condicional. Sin embargo, el juez rechazó el pedido y ordenó que continúe detenido.
Horas después, la situación se volvió aún más confusa. Durante la noche del mismo día, Franco fue retirado de la delegación de la Policía Federal de San Salvador de Jujuy para ser trasladado por vía terrestre hacia Buenos Aires, sin que existiera una notificación formal a sus defensoras, Samanta Delgado y María José Castillo, ni a sus familiares.
Durante varias horas se desconoció completamente su paradero.
Ante la falta de información oficial, la defensa presentó dos hábeas corpus para exigir que se informara dónde se encontraba el joven. Finalmente, la Secretaría Penal del Juzgado Federal N.º 1 de Jujuy confirmó que Oscari había llegado hasta la provincia de Tucumán y que el traslado hacia Buenos Aires había sido suspendido.
«Desde la media mañana no sabíamos dónde estaba. Había distintas versiones, pero en el expediente no existía ninguna disposición formal ni se había notificado a la defensa», explicó la abogada María José Castillo.
Regreso a Jujuy y preocupación por su estado
El traslado finalmente no se concretó luego de la oposición presentada por la defensa. Según confirmó Castillo, la Justicia notificó que Oscari será devuelto a Jujuy, aunque existe la intención de alojarlo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
Las abogadas ya adelantaron que se opondrán a esa decisión, al considerar que el joven ni siquiera cuenta con procesamiento firme que justifique su permanencia en una cárcel federal.
Tras poder comunicarse con él, la defensa aseguró que Franco se encontraba profundamente angustiado luego de haber permanecido durante horas siendo trasladado sin conocer su destino.
Hasta el momento tampoco fueron informadas las razones por las cuales se intentó concretar ese traslado.
Denuncian criminalización de la lucha por la tierra
El Movimiento Nacional Campesino Indígena volvió a denunciar que el caso no puede desvincularse del conflicto territorial que atraviesa la familia Zenteno Palma y otras comunidades campesinas de la zona.
La organización recordó que la detención ocurrió apenas un día después de que la Justicia suspendiera una orden de desalojo sobre familias campesinas de Palma Sola. También señaló que la madre de Franco integra el grupo de vecinos que presentó un amparo ambiental contra el proyecto minero de cobre Martín Bronce, impulsado por la empresa Mom Mining SRL.
Para el MNCI, estos antecedentes refuerzan las sospechas de que la causa judicial se desarrolla en un contexto de creciente persecución hacia quienes defienden el territorio frente al avance de intereses económicos.
«La libertad e integridad física y psíquica de Franco Oscari está siendo vulnerada por la Justicia Federal. Seguimos exigiendo su libertad», manifestaron organizaciones campesinas, familiares y vecinos.
El movimiento también cuestionó que el joven permanezca bajo prisión preventiva pese a tener arraigo comprobado y desarrollar actividades campesinas que constituyen el sustento de su grupo familiar, al tiempo que recordó que la imputación corresponde a un delito cuya eventual pena sería excarcelable y de cumplimiento en suspenso.
