A 70 años del hecho, en un juicio por la verdad, la Justicia determinó que el Estado Argentino bajo el gobierno de facto de Pedro Aramburu fue responsable del secuestro de 12 personas y el fusilamiento de 5 de ellas en la noche del 9 de junio de 1956.
La Justicia reconoció a 70 años de ocurridos los hechos que el Estado argentino, que secuestró a 12 hombres y mató a 5 de ellos en un descampado en la noche del 9 de junio de 1956, cometió delitos de lesa humanidad.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, falló este lunes 22 de junio en el juicio por la verdad realizado por los fusilamientos en José León Suárez, que el periodista Rodolfo Walsh dio a conocer en su libro «Operación Masacre».
El juicio permitió probar esa responsabilidad estatal en la planificación, ejecución y encubrimiento del secuestro y fusilamiento de los militantes peronistas. Por aquel entonces, Argentina se encontraba bajo el gobierno de facto del militar Pedro Eugenio Aramburu.
La «Operación Masacre», ordenada desde la cúpula de gobierno y ejecutada por el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez (Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires), pretendía abortar un intento de derrocamiento de los generales Raúl Tanco y Juan José Valle. Aquella noche, 12 hombres se habían reunido en una casa en las afueras de José León Suárez, Provincia de Buenos Aires, a ver un partido de boxeo. La policía irrumpió buscando a Tanco, y a pesar de no hallarlo, decidieron secuestrar a los hombres, trasladarlos a un descampado y fusilar a 5 de ellos: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. Los otros 7 sobrevivieron para contarlo: Juan Carlos Livraga, Reinaldo Benavídez, Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz y Julio Troxler.
El proceso judicial con expediente N° 41.041, en tanto juicio por la verdad, tuvo el objetivo de esclarecer los hechos pero sin implicancias penales. Los responsables de los secuestros y asesinatos murieron impunes. Casi todas las víctimas ya fallecieron: el único sobreviviente de aquella noche que aún vive es Juan Carlos Livraga, de 96 años.
Los responsables
La jueza Alicia Vence encontró responsables por los 12 secuestros y 5 fusilamientos a los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas; al jefe de la SIDE, Juan C. Quaranta; al jefe de la policía bonaerense, Desiderio Fernández Suárez; y al jefe de la regional San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno. En la sentencia se estableció las penas de cadena perpetua si hubiesen sido juzgados.
La magistrada afirmó: “Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos, a los cuales califico legalmente como allanamiento ilegal de domicilio, que concurre con el de privación ilegal de la libertad agravado reiterado en 12 oportunidades, que a su vez concurre con el de homicidio agravado en cinco oportunidades y tentativa de homicidio en otros siete”.
Qué establece el fallo
Los juicios por la verdad nacieron para juzgar a los represores del último gobierno de facto 1976-1983, como reclamo de organizaciones de Derechos Humanos ante la imposibilidad de acceder a la justicia tradicional con consecuencias penales. Hoy, estos juicios son instancias que buscan reconstruir y reparar la memoria y la dignidad de las personas afectadas por crímenes aberrantes, a menudo de lesa humanidad, como lo fue el caso del juicio por la Masacre de Napalpí y el presente caso por los fusilamientos de José León Suárez.
En tanto el objetivo es la reparación histórica de los hechos, dar a conocer lo sucedido públicamente y realizar acciones comunitarias en memoria de los afectados es parte de los juicios por la verdad. En este caso, el fallo de la jueza Vence dispuso:
– Rehabilitación del buen nombre y honor de los doce fusilados y sobrevivientes.
– Publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, y en las páginas web de las Subsecretarías de Derechos Humanos.
– Inclusión de los hechos probados en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense.
– Instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos, la detención y los fusilamientos.
– Creación de un “sitio de la memoria” en el predio de los históricos basurales de José León Suárez, donde hoy se erige un monumento, para preservar la memoria y dignificar a las víctimas.
– Incorporación de los nombres de todas las víctimas en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.
