La quiebra de ARSA abrió una fuerte disputa por una planta láctea en Buenos Aires. Mientras 200 trabajadores buscan recuperarla bajo gestión cooperativa, grandes empresas y grupos inversores avanzan en la carrera por quedarse con sus activos.
La quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), empresa láctea que elaboraba productos para SanCor como los postres Shimmy y Sancorito, desató una compleja batalla judicial y empresarial por el control de una de las plantas industriales más codiciadas del sector.
Los activos, valuados por la Justicia en alrededor de 50 millones de dólares, quedaron disponibles para su liquidación desde febrero y hoy son objeto de interés tanto de trabajadores organizados como de importantes grupos económicos.
La planta está ubicada en la localidad de Arenaza, en el partido bonaerense de Lincoln, y su cierre dejó sin empleo a más de 200 trabajadores en una comunidad de apenas 1.500 habitantes. Frente a este escenario, los ex empleados conformaron la Cooperativa de Trabajo La Nueva San Andrés Ltda., con el objetivo de reactivar la producción bajo un esquema autogestivo y preservar una fuente laboral considerada clave para la vida económica y social del pueblo.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y distintas organizaciones de la economía social.
Desde el gobierno provincial advierten que el futuro de la planta excede una discusión comercial. Andrés Reveles, subsecretario de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, sostuvo que los trabajadores atravesaron meses sin cobrar salarios antes de que los propietarios abandonaran la empresa y avanzaran hacia el proceso concursal. En este contexto, definió la conformación de la cooperativa como una estrategia para sostener los puestos laborales y la supervivencia de toda la comunidad.
El funcionario reclamó que la Justicia habilite a la cooperativa a continuar operando la planta y advirtió sobre las consecuencias de una eventual liquidación fragmentada. Según planteó, rematar los activos por partes implicaría desmantelar una estructura productiva que constituye el corazón económico de Arenaza.
En paralelo, el interés de grandes jugadores de la industria crece. Entre las firmas mencionadas como potenciales compradoras aparecen Tregar, Adecoagro, Punta del Agua y Grupo Elcor. Se trata de compañías que en los últimos años expandieron significativamente su capacidad de procesamiento y buscan consolidar posiciones dentro de un mercado lácteo en plena reconfiguración.
De acuerdo con especialistas del sector, el proceso refleja una tendencia hacia una mayor concentración de la actividad, impulsada por empresas con capacidad financiera para absorber activos estratégicos. También circulan versiones sobre el interés de inversores nacionales e internacionales en distintas unidades productivas vinculadas a SanCor.
La disputa se profundizó con la intervención del empresario Gustavo Scaglione, propietario de Telefe Rosario y accionista de diversos medios de comunicación. Scaglione presentó una impugnación ante el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, donde cuestionó decisiones adoptadas en el marco del concurso preventivo de acreedores de SanCor.
En su presentación, el empresario solicitó la nulidad de resoluciones judiciales vinculadas al proceso, pidió suspender cualquier procedimiento relacionado con la licitación de activos y sostuvo que algunas medidas podrían afectar las posibilidades de recuperación de la histórica marca láctea.
La decisión final quedará en manos del juez Marcelo Gelcich. De su resolución dependerá no solo el destino de una planta valuada en millones de dólares, sino también el futuro laboral de más de 200 familias y de una comunidad que observa con preocupación cómo se define el porvenir de una de sus principales fuentes de trabajo.
Para los trabajadores de La Nueva San Andrés, la discusión trasciende la propiedad de una fábrica. Lo que está en juego es la continuidad de un entramado productivo que durante décadas dio identidad, empleo y desarrollo a Arenaza. Del otro lado, grandes empresas y grupos inversores ven una oportunidad estratégica dentro de un mercado que continúa reordenándose tras la crisis de SanCor y el derrumbe de ARSA.
