Este viernes 29 de mayo en en el Parque Sarmiento a partir de las 10 hs, trabajadores transportistas de personas con discapacidad concentrarán para denunciar el ajuste y la falta de pagos a prestadores en el sector, en el marco de un cese voluntario de la actividad.
Este viernes 29 de mayo, a partir de las 10 hs, transportistas que trabajan en el sector de discapacidad concentrarán en el Parque Sarmiento para denunciar el ajuste y la falta de pago a prestadores de servicios, gracias al ajuste impulsado por el Gobierno Nacional desde el inicio de su gestión y la negativa a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El trabajo de las y los transportistas es vital para personas con discapacidad que requieren continuos traslados para acceder a su derecho a la salud y la educación. Sin embargo, hoy en día el ajuste y las deudas del Gobierno Nacional para con prestadores e instituciones hacen que el trabajo no sea rentable y muchos migren a otros rubros ante la necesidad.
La visibilización y concentración en el Parque Sarmiento, sobre Av. Deodoro Roca y a metros de Plaza España, se suma al cese voluntario de la actividad laboral por 24 hs y es convocada por el Colectivo 3 de Diciembre, la Asociación Cordobesa de Transportistas al Servicio de las Personas con Discapacidad integrada por más de 200 transportistas cordobeses.
«Casi el 40% de los transportistas se fundió»
Según el referente del Colectivo 3 de Diciembre, Leandro Ator, en diálogo con el medio Hoy Día Córdoba, la crisis que viven las y los transportistas bajo el gobierno libertario no tiene precedentes.
«En la asociación tenemos registro de que en estos últimos dos años, con el gobierno de Milei, casi el 40% de los transportistas se fundió, abandonó la actividad, vendió lo último que tenía y se ha dedicado a otra cosa», señala.
El ajuste se extiende sobre todo el sector de personas con discapacidad y prestadores de servicios: desde recorte en Pensiones No Contributivas a beneficiarios hasta desfinanciamiento de instituciones de rehabilitación. En el caso de los transportistas, el monto abonado por kilómetro recorrido no cubre los costos fijos de mantenimiento de los vehículos, combustibles y seguros.
«Cada vez que se cae o se da de baja un transportista, hay un usuario, muchos usuarios detrás de cada vehículo, y muchas familias que están condenadas al abandono, a no poder ejercer sus derechos ni recibir las prestaciones que necesitan», concluye Ator.
Además, la cadena de pagos se entorpeció aún más con el cierre de ANDIS a principios de 2026, afectando directamente a programas estatales como Incluir Salud o la obra social PAMI.
La medida cautelar trae esperanza, pero se mantiene el alerta
El Colectivo 3 de Diciembre es una de las organizaciones que participó del amparo colectivo presentado ante la Justicia, exigiéndole al Poder Ejecutivo la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Tras el amparo se presentó una cautelar en Tribunales Federales, recientemente fue aceptada. La resolución, a cargo del juez Miguel Vaca Narvaja, fue dictada por seis meses o hasta que se dicte una sentencia definitiva, incluye a todos los prestadores del sistema a nivel nacional e intima al Gobierno a regularizar los pagos atrasados.
Más allá de la buena noticia que representa la cautelar, la preocupación entre transportistas y educadores no cesa: desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación estaría elaborando un proyecto para transferirle a las gestiones provinciales el costo de prestaciones de transporte y educación para personas con discapacidad.
De concretarse, la medida le quitaría responsabilidad a Nación para impactar de lleno en las provincias sin un respaldo presupuestario y con sus propios desbalances económicos.
Con información de Hoy Día Córdoba.
