El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para asegurar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, luego de que su directora advirtiera sobre el riesgo de paralización por falta de presupuesto. Organismos de derechos humanos alertan que el desfinanciamiento pone en peligro pruebas clave para la identificación de personas apropiadas durante la última dictadura.
El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que garantice de manera urgente el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), en medio de las denuncias por el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.
La medida cautelar instruye a la Jefatura de Gabinete a adoptar todas las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del organismo, incluyendo la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, la cadena de custodia de las muestras biológicas y las condiciones de seguridad, higiene y conservación de las pruebas almacenadas.
La resolución judicial se conoció luego de que la directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, advirtiera que el organismo atraviesa una situación crítica producto de la falta de fondos para sostener servicios esenciales como limpieza, vigilancia y mantenimiento edilicio. Según alertó, el recorte presupuestario pone en riesgo la continuidad de tareas fundamentales y podría impedir incluso la toma de nuevas muestras.
Desde el organismo remarcaron que las muestras biológicas resguardadas constituyen pruebas judiciales irremplazables, construidas durante más de cuatro décadas a partir de perfiles genéticos de familiares de desaparecidos, muchos de los cuales ya fallecieron. La posible pérdida o deterioro de ese material representaría un daño irreversible para las investigaciones por delitos de lesa humanidad y para la búsqueda de identidad de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
Además, Ramos Padilla otorgó un plazo de cinco días al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para que informe sobre el impacto que el ajuste podría tener en el servicio de justicia y en las investigaciones vinculadas a derechos humanos.
La organización H.I.J.O.S. Capital celebró la decisión judicial y destacó la importancia de proteger el trabajo que realizan el BNDG y Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado.
En un comunicado difundido horas antes de la cautelar, Abuelas denunció el “ahogo presupuestario” al Banco Nacional de Datos Genéticos y advirtió sobre el peligro de parálisis del organismo. La entidad recordó que el BNDG conserva más de mil perfiles genéticos de madres y familias que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos, además de unas 32 mil muestras vinculadas a causas de lesa humanidad e identificación de personas desaparecidas.
“Una falla en la cadena de seguridad generaría un daño irreversible”, alertaron desde Abuelas, al señalar que cualquier interrupción en los sistemas de conservación, refrigeración o bioseguridad puede comprometer evidencia genética única.
El organismo de derechos humanos también denunció que el BNDG viene siendo objeto de “ataques constantes” desde la llegada al poder de Javier Milei y recordó que durante este período ya debieron enfrentar intentos de modificación de su funcionamiento tanto en la Ley Bases como a través del Decreto 351/2025.
Abuelas subrayó, en el mismo sentido, que el Banco Nacional de Datos Genéticos es una institución reconocida internacionalmente y modelo para otros organismos similares en el mundo. En sus más de 40 años de trabajo, el organismo participó en la resolución de 140 casos de niños y niñas desaparecidos, además de numerosos procesos de reunificación familiar.
Finalmente, alertaron que una eventual paralización del BNDG impactaría también sobre otros organismos estatales vinculados a la búsqueda de identidad y a las investigaciones por apropiación de menores durante la dictadura, como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).
Con información de La Nueva Mañana.
