El Concejo Deliberante avanzó con una ordenanza impulsada por el oficialismo para formalizar la actividad de los cuidacoches en la ciudad. Desde la oposición cuestionaron el carácter “punitivo” de la medida y denunciaron un nuevo “impuestazo” para vecinos.
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves 14 de mayo la ordenanza que regulará la actividad de los denominados “naranjitas” en la ciudad, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos sobre el alcance y el impacto de la iniciativa.
El proyecto, impulsado por el oficialismo municipal con aportes de la concejala Graciela Villata, del Frente Cívico, y del edil Gabriel Huespe, de Ciudadanos, busca formalizar y reencuadrar el trabajo de quienes actualmente realizan cobro informal por estacionamiento en la vía pública.
Entre los principales puntos de la ordenanza se establece la creación de la figura de “constatadores”, quienes deberán utilizar uniformes color beige y trabajar bajo un sistema digital de cobro mediante código QR, quedando prohibido el manejo de efectivo en la calle.
Además, la normativa fija requisitos para desempeñar la actividad, como no poseer antecedentes penales y acreditar domicilio en la capital cordobesa.
Otro de los aspectos centrales es el esquema de recaudación: el valor de la hora de estacionamiento quedará atado al 60% del precio de la nafta de YPF, lo que actualmente rondaría los $1.200. Del total recaudado, el 80% será destinado a cooperativas y el 20% restante quedará en manos del municipio.
Desde el oficialismo defendieron la medida como una herramienta para ordenar el sistema de estacionamiento y terminar con situaciones de violencia y extorsión denunciadas por vecinos.
“Lo que es un problema en la sociedad es el violento, es la persona que extorsiona y obliga al vecino a darle una suma de dinero. Yo creo que esto se va a solucionar”, sostuvo Huespe durante el debate legislativo.
Sin embargo, desde la izquierda rechazaron de plano el proyecto. La concejala Cintia Frencia, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, cuestionó el enfoque de la ordenanza y aseguró que “mantiene intacto el carácter punitivo” impulsado previamente en la Legislatura provincial.
“Acá no se crea ni un solo puesto de trabajo genuino. Detrás de esta campaña de estigmatización de naranjitas hay otra cosa: están traficando un impuestazo a los vecinos”, advirtió la edil.
La aprobación de la ordenanza abre ahora una nueva etapa para la implementación del sistema, que deberá definir cómo será el funcionamiento concreto de las cooperativas, los mecanismos de control y la fiscalización del cobro digital en las calles de la ciudad.
