El juez Ariel Lijo ordenó nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial, Manuel Adorni. La investigación apunta a empresas con contratos con el Estado y a posibles beneficios económicos para la consultora de Bettina Angeletti, en un expediente que ya menciona sospechas de retornos de fondos públicos.
La investigación judicial contra Manuel Adorni sumó en las últimas horas nuevas medidas ordenadas por el juez Ariel Lijo, en el marco de una causa que busca determinar si existió un presunto esquema de enriquecimiento ilícito y direccionamiento de contratos vinculados a la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del funcionario nacional.
Según consta en el expediente, la Justicia solicitó al Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group que entreguen documentación, facturación y registros comerciales relacionados con la consultora de Angeletti. El objetivo es reconstruir posibles movimientos económicos y establecer si hubo beneficios indebidos a partir de vínculos con empresas que mantienen contratos o relaciones con organismos del Estado Nacional.
La causa adquiere especial relevancia política porque Adorni no solo se desempeña como vocero del gobierno de Javier Milei, sino que además integra el directorio de YPF, una de las firmas estatales mencionadas en la investigación.
Entre las compañías bajo análisis aparece Grupo Datco, proveedor tecnológico de distintos organismos públicos, entre ellos AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas. Todas áreas que dependen o se articulan con la Jefatura de Gabinete nacional.
La Justicia también puso la lupa sobre National Shipping S.A., una de las principales proveedoras de YPF dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos. El vínculo genera interrogantes debido a la participación directa de Adorni en la conducción de la petrolera estatal.
Otra de las firmas mencionadas es Foggia Group, conducida por Mara Gorini, dirigente cercana a Karina Milei. La empresa estuvo asociada a la concesión de Tecnópolis y además organizó varios de los eventos políticos y actos libertarios encabezados por Milei, incluyendo presentaciones en el Luna Park, el Movistar Arena y La Derecha Fest.
El expediente judicial se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, quien pidió investigar los vínculos comerciales entre la consultora de Angeletti y empresas con negocios o contratos ligados al Estado.
Aunque desde el oficialismo buscan minimizar el expediente, las nuevas medidas judiciales muestran que la investigación continúa escalando y ya involucra a actores centrales del entramado político y empresarial cercano al poder libertario.
