Tras once días de cierre total, el Gobierno reabrió la Casa Rosada a la prensa pero con mayores restricciones, controles reforzados y limitaciones a la circulación interna. Mientras Manuel Adorni promete una normalización “progresiva”, las nuevas medidas profundizan el conflicto con los medios y consolidan un esquema más opaco en el acceso a la información pública.
Después de once días de cierre total para los periodistas acreditados, la Casa Rosada volvió a habilitar el ingreso de la prensa. Sin embargo, el regreso se dio bajo un esquema más restrictivo que profundiza el conflicto entre el Gobierno y los medios.
Desde este lunes 4 de mayo, los trabajadores de prensa ya no pueden circular libremente por los pasillos ni permanecer en el histórico Patio de las Palmeras, un espacio clave para observar el movimiento de funcionarios. También quedó vedado el acceso al corredor que conecta distintos sectores del edificio, incluyendo el área cercana al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo.
En su reaparición ante los medios, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó dar explicaciones sobre la causa judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y se centró en justificar las nuevas disposiciones. Aseguró que se trata de medidas transitorias y defendió la política oficial: “Somos el Gobierno que más ha impulsado la libertad de prensa”, afirmó. Además, señaló que los protocolos serán revisados con el correr de los días si no se registran nuevas “irregularidades”, en referencia a la difusión de imágenes internas de la Casa Rosada por parte de un canal de televisión.
Ese episodio, calificado por el oficialismo como una “grabación clandestina”, fue el detonante del cierre total de la sede gubernamental bajo argumentos de “seguridad nacional”. La restricción, que inicialmente alcanzó a un medio específico, luego se extendió a todos los acreditados.
El nuevo esquema también implica un endurecimiento de los controles de ingreso. Los periodistas deben atravesar varias instancias de verificación, con revisión de listas, escáneres y detectores de metales. Incluso, deben dejar sus credenciales al retirarse. Dentro del edificio, se implementaron barreras físicas que limitan la visibilidad y el desplazamiento, como vidrios esmerilados y accesos bloqueados.
Las limitaciones no son nuevas, pero sí se han intensificado desde la llegada del actual gobierno. Desde el inicio de la gestión, se restringió el acceso a distintos salones históricos, algunos reconvertidos en oficinas cerradas, y se establecieron sanciones para quienes incumplieran las normas, como la prohibición temporal de ingreso.
Con el paso de los meses, también se redujo la cantidad de acreditaciones disponibles y se impusieron requisitos más estrictos para los medios, incluyendo declaraciones juradas, criterios de audiencia verificable y hasta un código de vestimenta. Asimismo, se prohibió registrar imágenes o transmitir en espacios no autorizados, bajo riesgo de sanciones.
El vínculo entre el Gobierno y la prensa se fue deteriorando en paralelo a estas medidas. La frecuencia de las conferencias también tuvo altibajos: aunque Adorni había instalado un esquema de contacto diario con periodistas, ese ritmo se interrumpió durante su campaña política y en medio de los cuestionamientos judiciales.
El conflicto escaló en las últimas semanas con denuncias, prohibiciones selectivas y luego generalizadas, que generaron rechazo de organizaciones periodísticas y dirigentes opositores. Pese a la reapertura anunciada, el clima sigue siendo de tensión.
