El 6 de abril, once descendientes de sobrevivientes de la Masacre de El Zapallar declararon ante fiscales por el crimen de lesa humanidad ocurrido en 1933, en el que el Estado argentino asesinó a decenas de personas del pueblo moqoit que buscaban trabajo y alimento.
Por Anouk Rubini
El lunes 6 de abril en la Biblioteca Cervantes de la localidad de San Bernardo, en la provincia de Chaco, 11 descendientes de sobrevivientes de la Masacre de El Zapallar contra el pueblo moqoit brindaron sus testimonios ante la Fiscalía Federal, en el marco de una causa abierta por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino.
Los descendientes que aportaron testimonio, todo ellos hombres mayores, escucharon los hechos de sus abuelos y abuelas, sobrevivientes directos de la masacre. Tras años de impunidad, aquellos testigos directos de la matanza ya fallecieron. Pero la transmisión de memoria oral permite que hoy sus nietos puedan dar testimonio y con ello, se abre la posibilidad de que la comunidad moqoit obtenga justicia, memoria y reparación por el aberrante crimen cometido por el Estado.
Las declaraciones fueron dadas ante el fiscal general Federico Carniel, acompañado por el auxiliar fiscal Diego Vigay. Quienes dieron testimonio son: Sixto Lalecori, Alfredo Salteño, Juan Carlos Martínez, Florencio Ruiz, Gustavo Casares, Francisco Rojas, Anselmo Cardozo, Rubén Salteño, Abelino Oliva, Mario Tomás y Héctor José. Todos ellos llegaron desde distintos parajes, tras el llamado público de la Fiscalía para encontrar descendientes que pudieran aportar sus testimonios. 60 referentes, caciques, docentes y pastores de cada una de las zonas tomaron conocimiento del estado de la causa judicial y realizaron un relevamiento de nietos y bisnietos que conocen el relato oral de sobrevivientes de la Masacre de El Zapallar.
La audiencia fue filmada por el área de comunicación del rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste con un equipo integrado por Gabriela Bissaro, Diego Petruszynski y Cynthia Jara. Estuvieron presentes en representación de los pueblos indígenas, el presidente del IDACH Instituto del Aborigen Chaqueño Florencio Diaz y los vocales del pueblo moqoit Graciela Zoilo y Romualdo Maldonado.
Desde El Resaltador nos comunicamos con el fiscal auxiliar Diego Vigay y uno de los descendientes que prestó su testimonio, el docente Juan Carlos Martínez, para saber cómo continúa la causa y qué significa para la comunidad moqoit que su voz sea escuchada por la justicia.
La Masacre de El Zapallar: sangre originaria en las manos del Estado
A mediados de 1933, las comunidades moqoit de la Reducción Napalpí, Charata, Quitilipi y Sáenz Peña estaban atravesando una severa hambruna producto de una sequía extrema que limitaba sus actividades de subsistencia, como la caza de tatú y liebres y la recolección de miel.
El 7 de septiembre de de ese año, ante la desesperación por el hambre, engañados con falsas promesas por una persona a la que Juan Carlos Martínez se refirió como »lenguaraz» y encabezados por el Cacique Luis Duran, unas 300 personas moqoit (entre ellos niñas, niños, mujeres y ancianos) se movilizaron pacíficamente 100 kilómetros a pie desde sus comunidades hacia la ciudad fundada como El Zapallar —hoy, conocida como General José de San Martín, en el departamento Libertador General San Martín, provincia de Chaco—, en busca de trabajo y alimentos.
La comitiva estaba encabezada por mujeres y niños para enfatizar la llegada en son de paz de la comunidad. No obstante, al ingresar a la localidad fueron recibidos por policías y civiles que dispararon sobre la multitud, asesinando a decenas de personas. Escapando de la matanza, varias familias cruzaron el Río de Oro y en el proceso murieron ahogados en el lugar o directamente perdieron a sus hijas e hijos, arrastrados por la corriente, a quienes nunca pudieron encontrar.
Cabe destacar que años atrás, en 1924, las comunidades moqoit y qom de la zona ya habían sufrido una masacre a manos del Estado argentino. Muchas personas vivieron ambos hechos: la Masacre de Napalpí en 1924 y la de El Zapallar en 1933.
La Justicia reconoció la responsabilidad estatal en Napalpí casi un siglo después, en 2022. La causa por la Masacre de El Zapallar comenzó en 2014 pero recién ahora, en abril de 2026, a 93 años de tamaña injusticia y con los sobrevivientes ya fallecidos, finalmente avanza.
El Municipio de San Bernardo declaró a la jornada como de interés municipal y trascendencia histórica, en reconocimiento a la valentía de los descendientes que transforman «el relato oral en prueba soberana y dignifican la memoria de quienes fueron silenciados por casi un siglo», según señala el comunicado de prensa.
Transformar la memoria en prueba y dignidad
Sixto Lalecori, uno de los descendientes de sobrevivientes que conoció el relato a través de sus abuelos Enrique Lalecori y Bartolina Miño y su mamá Justina Lalecori, cuenta que murieron muchas mujeres y niños que no tenían experiencia en el escape, y que su familia sobrevivió porque ya habían pasado por la Masacre de Napalpí y conocían la violencia que podía desatarse sobre ellos.
Los testimonios de Sixto y de los demás 10 hombres, entre los que se encuentra Juan Carlos Martínez, cuentan que quienes pudieron huir dieron aviso al resto de la comitiva para que no se acerquen evitando de este modo un exterminio total. No obstante, estiman la muerte de, por lo menos, 50 personas.
Ese número, como tantas otras cifras de matanzas masivas, no puede precisarse del todo precisamente por la clandestinidad del hecho, el sometimiento y ocultamiento mediático posterior, la represión y el silencio forzado sobre la población moqoit.
Las personas asesinadas fueron abandonadas a la vera del río o enterradas clandestinamente. No solo murieron por las balas: hubo víctimas ahogadas, desaparecidas, muertas en el camino de vuelta por heridas, agotamiento y hambre, o muertas por inanición ya de vuelta en el campo, en el tiempo posterior a la masacre.
Los asesinos fueron militares y civiles «criollos», como les llaman los moqoit. La matanza en El Zapallar fue ordenada por el Comisario Francisco Prestera. Por aquel entonces, una de las formas de genocidio a la población de pueblos originarios argentinos eran las matanzas masivas justificadas bajo la figura del «malón«. La categoría de malón era aplicable a cualquier grupo indígena y construía a la población originaria como peligrosa, vaga, delincuente e inadaptada, y por ende, sujeta al exterminio.
Además de los testimonios, se sumaron como pruebas a la causa el expediente judicial de esa época, notas periodísticas aportadas por el Archivo Histórico Monseñor Alumini, certificados de defunción, un trabajo de investigación llamado “El Zapallar tenemos historia”, a cargo del historiador Rubén Guillón y capítulos de libros de historia como “De la algarroba al algodón”, de Edgardo Cordeu y Alejandra Sifredi; “Historia de los aborígenes”, de Orlando Sánchez; “Del olvido a la esperanza”, de Eduardo Barreto y “Memorias del Gran Chaco” de Mercedes Silva, por mencionar algunos.
La palabra de Juan Carlos Martínez, uno de los once descendientes de sobrevivientes
Juan Carlos Martínez es docente moqoit bilingüe de educación secundaria desde hace más de 25 años, oriundo de San Bernardo, Chaco. Actualmente, se desempeña como director de un bachillerato libre para adultos, bilingüe e intercultural, una experiencia única en la zona moqoit de esta provincia.
Juan Carlos cuenta que aproximadamente unas 25 mil personas pertenecen al pueblo moqoit en la provincia del Chaco, hermanos lingüísticos de otros pueblos originarios: qom, pilagá y vilelas. A nivel nacional, la población moqoit asciende a entre 50 a 70 mil personas, comprendiendo también a gente «mestiza», distribuida en el Chaco, Santa Fé, Entre Ríos y La Plata, llegando incluso a Uruguay.
«Hay más de 47 asentamientos o comunidades, como les llamamos, entre zona rural y barrios», considerando que una parte de la población moqoit se quedó en el campo en sus territorios ancestrales y otra mayoritaria migró hacia las ciudades construyendo nuevos vecindarios, explica el docente.
Y continúa: »Hasta el momento, en la provincia del Chaco, somos los únicos que tenemos una bandera que representa nuestra identidad cultural, reconocida por los municipios y después por el Ministerio de Educación, y ahora una ley provincial que nos representa».
Antiguamente, la población moqoit se dedicaba a la caza, la pesca y la venta de cuero. Hoy el desmonte del bosque chaqueño y la privatización de lotes dificulta la continuidad de estas prácticas: »Ya hay poco bosque en la zona del suroeste de la provincia del Chaco, donde estamos ubicados», señala Juan Carlos.
El docente expresa que, décadas atrás, los moqoit que no tenían tierras, vivían y trabajaban en los campos de los colonos o »gringos». Allí se desempeñaban como peones agrícolas y cosecheros, encargándose de la carpida, el destronque, limpieza, alambrado y cuidado de animales.
No obstante, hace unos 20 años la mano de obra dejó de ser requerida y eso generó un proceso de expulsión de esa población moqoit, que migró hacia San Bernardo, Charata y otras localidades del suroeste chaqueño. Muchos trabajan como peones, albañiles y haciendo changas. La migración a las ciudades, si bien fue un proceso complejo atravesado por multiplicidad de factores, significó acceso al agua potable, a centros de salud, comedores comunitarios y mayores posibilidades de escolarización para la población moqoit.
Memorias del genocidio: Engaños para robar tierras, matanzas para infundir miedo
Si bien se conservaba la lengua autóctona moqoit, »estábamos obligados a integrarnos por distintas necesidades como el DNI, el acceso a hospitales y vacunas, a las escuelas», explica el docente, y agrega que esa integración significó un proceso de cambio en el que el trabajo de la población moqoit se asimiló al de un »jornalero cualquiera de ciudad». Con el tiempo, las personas jóvenes empezaron a perder el idioma, siendo capaces de entenderlo pero no de hablarlo como los ancianos.
Esa integración estuvo y está atravesada por el miedo. «Específicamente en Chaco, nosotros los Moqoit tenemos una historia buenísima y también muy triste, muy oscura«, dice Juan Carlos.
Según el docente, se dice que el pueblo moqoit está un poco atrasado en cuanto a la integración, pero que «en realidad no es así, hay una razón y es el miedo que quedó por las masacres«, tanto la de 1924 en Napalpí como la de 1933 en El Zapallar.
Luego de Napalpí »se dispersaron la gente y de los sobrevivientes nacimos nosotros, y nuestros bisabuelos y abuelos les enseñaron a nuestros padres —y después nuestros padres a nosotros— a que si es posible no se identifiquen como indígenas, porque eran perseguidos por todos lados, y el miedo siempre quedó». Casi 10 años después de Napalpí ocurrió la siguiente matanza en El Zapallar, actualmente la ciudad General San Martín.
»Hubo otro engaño, digamos, porque para el pueblo moqoit fue un engaño. Hubo una persona pasándose como indígena, lenguaraz en esa época, que habló con los caciques moqoit prometiendo que el ejército ya estaba apaciguando a los indígenas y que ya ofrecían tierra, trabajo en la zona del Zapallar, y que abandonen todos sus campos, sus plantaciones, porque había plantación, cosecha, cada cual tenía su campito, sus carros, sus animales», expresa Martínez.
Este lenguaraz fue quien insistió con las promesas del gobierno a los caciques moqoit, convenciéndolos de vender sus tierras y animales, irse del campo y buscar trabajo y alimento en poblados contiguos. Con «vender», Juan Carlos explica que el precio que los criollos o gringos le pagaban a los moqoit por sus campos era apenas «un poquito de yerba, azúcar, mercadería (…) El gringo que estaba llegando ofreció un caballo o un carro, que no había todavía entre los pueblos originarios». A pesar del hambre, muchos sobreviventes de Napalpí no quisieron irse en 1933 por el temor a que se repitiera una matanza, como de hecho sucedió.
»Exigimos que se nos respete, como argentino, como persona, como indígena»
Tras aquel tristísimo 7 de septiembre de 1033, hubo quienes lograron escapar de las balas pero murieron en el arduo camino de regreso o se encontraron con que sus campos »ya estaban ocupados, alambrados por los colonos y acompañados por la policía, que no dejaba volver a la comunidad a sus tierras».
»Eso fue el sufrimiento y el miedo al blanco y al policía, hizo que la comunidad pierda su lengua, porque muchos ya no querían hacer que se escuchen. De hecho el país, la escuela, la nación, tenía como objetivo desaparecer al indígena, entonces nadie tenía que ser escuchado hablando su propia lengua», afirma Juan Carlos Martínez.
El genocidio no solo mata: también deja heridas históricas que impactan durante generaciones a los pueblos, forzando a que se escondan o pierdan para siempre modos enteros de vida, idiomas, vestimentas, comidas, costumbres, parte del inmenso repertorio de lo humano.
»Las dos masacres generaron eso, por eso ahora actualmente muy pocos somos los que logramos tener un título, estudiar como docentes. Hoy en día gracias a Dios ya hay algunos abogados, enfermeros, policías, ya con títulos universitarios. Y nosotros entendimos y estamos enseñando que somos un argentino y persona como cualquiera, así que vamos a exigir nuestro derecho y vamos a exigir que se nos respete, como argentino, como persona y como indígena», concluye Juan Carlos.
¿Cómo continúa la causa?
En palabras del fiscal auxiliar Diego Vigay, «la causa se inició de oficio por parte de la Fiscalía Federal como un crimen de Lesa Humanidad y a partir del testimonio del abuelo Moqoit Pedro Balquinta, quien fue sobreviviente de las Masacres de Napalpi y El Zapallar«.
Desde 2014 y durante años se recuperaron las pruebas mencionadas, pero no fue hasta 2025 que la Fiscalía hizo una convocatoria pública en búsqueda de descendientes de sobrevivientes, con un listado de 20 indígenas moqoit que fueron detenidos en 1933 y que prestaron declaración Indagatoria en la comisaría en el marco del expediente judicial: «Esa búsqueda dio resultado con el testimonio de 11 descendientes», explica Vigay.
Y continúa: «Los próximos pasos son una declaración del historiador Rubén Guillon, un informe del historiador Alejandro Jasinski y el resultado de un relevamiento de investigadores de patrimonio cultural de la provincia sobre el Archivo Histórico de la Reducción Napalpi del año 1933″.
Una vez realizados estos pasos, que tomarán aproximadamente un mes y medio, «la Fiscalía requerirá a la jueza federal Zunilda Niremperger la realización del Juicio por la Verdad que dicte una sentencia que determine cómo sucedieron los hechos y la responsabilidad del Estado Nacional, y que dicte medidas de reparación similares a las del Juicio de Napalpi«, concluye el fiscal.
