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El Gobierno nacional planea el régimen de desalojo más agresivo de Latinoamérica

Publicado por:Anouk Rubini

Así lo alertó la ONG Inquilinos Agrupados. La gestión de Javier Milei impulsa un proyecto llamado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» que, de aprobarse, establece el desalojo inmediato ante retrasos mínimos en el pago.

El oficialismo envió al Senado un proyecto de ley que, de aprobarse en el Poder Legislativo, constituiría un severo retroceso al ya vulnerado derecho a la vivienda en Argentina.

Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, aseguró que “el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina”.

Muñoz basa su afirmación en el análisis comparativo que realizó Inquilinos Agrupados entre el proyecto de La Libertad Avanza y la legislación tanto en seis países de la región como en España.

El presidente de esta ONG se presentará hoy miércoles 15 de abril en el Senado para exponer la voz de los inquilinos sobre la normativa que impulsa el oficialismo y cuyo aspecto más grave es la eliminación de múltiples garantías procesales de los inquilinos en pos de un rápido desenlace en favor del propietario. 

Desalojo inmediato por vía sumarísima ante mínima mora en el pago

El proyecto de ley libertario recrudece las condiciones para inquilinos de todo el país, ya en una situación vulnerable en tanto personas sin vivienda propia que tienen que pagar por acceder a un techo (necesidad básica y derecho humano).

A contramano de la protección a la parte más vulnerable de la negociación, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada permite que se desaloje inmediatamente “si una familia inquilina fue despedida del trabajo, o le pagan el salario en cuotas, o trabaja con ingresos diarios y se atrasa 3 días en el pago del alquiler«, explica Muñoz, y señala que semejante clásula significa «el fin de algún tipo de derecho a la vivienda”.

Qué dice el proyecto

El proyecto libertario ya fue enviado al Senado con la firma de Javier Milei y todo el gabinete. Consta de 53 artículos que abarcan desde el régimen expropiatorio hasta el sistema registral inmobiliario.

Con este proyecto, el oficialismo modifica seis leyes e introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y al Código Civil y Comercial.

La «vía sumarísima» que establece el proyecto significa que ante mínimas moras en el pago se procede con el desalojo inmediato, en el procedimiento más rápido que permite el ordenamiento procesal.

Antes de iniciar el desalojo, el propietario deberá intimar al inquilino, pero este último tiene solamente tres días corridos desde la intimación para responder.

Pasado este plazo, el proyecto no contempla que el inquilino pueda detener el desalojo abonando su deuda (situación sí contemplada en otros países). Los mandamientos de lanzamiento incluyen la habilitación de días y horas inhábiles, fuerza pública y allanamiento.

El propietario también puede solicitar el desalojo bajo caución juratoria: declaración sin depósito de dinero, cuando en otros países como Brasil, la caución para obtener la liminar de desalojo obliga al propietario a depositar tres meses de alquiler; los jueces tendrán cinco días para resolver la solicitud de entrega inmediata.

Los casos de El Salvador, Brasil, Perú, Uruguay, España y Paraguay son los tomados por Inquilinos Agrupados para efectuar la comparativa con el proyecto libertario.

Brasil y España otorgan 30 días hábiles para saldar la deuda de un alquiler, y Uruguay 10 días hábiles. En ningún caso el plazo es de menos de una semana. Además, entre otros factores, el proyecto libertario no distingue inquilinos morosos de okupas.

De todos estos países, la nueva ley que impulsa Milei es la más regresiva en cuanto a derechos de inquilinos (con la excepción de Paraguay, que directamente no tiene legislación especial) dejándolos completamente vulnerables en situaciones que las demás leyes amparan.

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