La Mutual Carlos Mugica lleva adelante ProHas: un proyecto que, con una perspectiva social sobre el derecho al hábitat, garantiza su acceso a miles de cordobeses.
Por Anouk Rubini
Donde hay una problemática y una necesidad, nace una opción asociativa que mediante el trabajo colectivo y organizado da respuestas, a menudo allí donde hacen agua el Estado y el sector empresarial.
Y buenas respuestas: soluciones efectivas, con capacidad de gestión y acción que le mejoran concretamente la vida a miles de familias y que, si bien no reemplazan a otros sectores públicos y privados, traccionan la economía con valores humanos al centro.
Tal es la experiencia de ProHaS (Producción de Hábitat Social), iniciativa de la Asociación Mutual Carlos Mugica que bajo una perspectiva social del derecho al hábitat facilita el acceso a lotes y viviendas para familias cordobesas que, por su situación económica, de otro modo no tendrían la posibilidad de tierra o techo.
Desde El Resaltador, reflexionamos junto a Marco Galán: presidente de la Mutual Carlos Mugica; trabajador social y docente en la Facultad de Ciencias Sociales, doctor en Administración y Políticas Públicas especializado en hábitat y director de Radio La Ranchada.
Desde su extensa formación y experiencia en el tema, el especialista nos dio un paneo general sobre los desafíos del acceso al hábitat en nuestra Provincia y cómo la experiencia mutualista de la Carlos Mugica sostiene desde hace años un rol fundamental en la democratización del acceso a la tierra para los que menos tienen.
El problema del acceso al hábitat en Córdoba: capitalismo financiero y especulación con el suelo
Galán comienza desarrollando los ejes que hacen que hoy el acceso al hábitat (en Córdoba, pero también en otras ciudades latinoamericanas) sea cada vez más complejo y esté tan desigualmente distribuido.
Un modelo, una forma de entender y administrar el suelo, prevalece sobre los demás: se trata del capitalismo financiero que ve a la tierra como un medio de especulación y lucro, muy lejos de considerarla un derecho humano.
Galán explica que en nuestra provincia, así como en otras regiones de Argentina y Latinoamérica, «el capitalismo financiero encontró en el suelo una forma de reproducción a partir de inversiones de rentas extraordinarias: en el caso de Argentina, de la renta minera o agropecuaria, que es lo que el mismo sistema financiero genera».
En esa línea, los fondos de inversión se utilizan para reproducir y producir bienes habitacionales, desde departamentos y torres hasta countries, barrios cerrados y lotes con servicios. Estas modalidades de hábitat, explica el presidente de la Mugica, no están vinculadas a una demanda social sino que funcionan como resguardos de inversión frente a la inestabilidad del sistema bancario, transformándose en lugares de especulación.
En Argentina hay más de 2.000.000 de viviendas desocupadas
El dato duro de INDEC, perteneciente al Censo Nacional del año 2022, ilustra esta realidad: en nuestro país, hay alrededor de 2.084.000 viviendas deshabitadas. En Córdoba Capital, la cifra es de unas 20.000 propiedades.
A la especulación y la inversión inmobiliaria se le suman otras dinámicas socioeconómicas históricas como factores a tener en cuenta. La revolución científico-tecnológica es una de ellas: el impacto que estos desarrollos tuvieron en la producción agroganadera generó y continúa generando un éxodo de mano de obra intensiva ya no requerida laboralmente, una gran cantidad de población que se ve obligada a migrar desde el campo a los centros urbanos para sobrevivir.
Lógicamente, las y los trabajadores rurales que migraron a distintas ciudades necesitan un lugar para vivir, pero esa demanda urgente «no ha sido atendida por el Estado», observa Galán.
Los gobiernos locales, fundamentalmente en Córdoba, lejos de ayudar profundizan la desigual distribución de la tierra, facilitando mediante ordenanzas las inversiones privadas de ese capital financiero que lucra con el suelo en desmedro de las necesidades y derechos habitacionales de las y los ciudadanos. Esto no es nuevo. Galán sitúa como punto clave de este proceso histórico la asunción de Ramón Bautista Mestre como intendente de la ciudad de Córdoba en el año 1983.
«Inclusive el Estado hizo obras públicas para garantizar inversiones privadas de este tipo. En las últimas décadas, podríamos decir desde la asunción de Mestre en el año ’83, el Estado fue facilitando los procesos para que se desarrollaran primero los barrios cerrados y, mediante reformas y ordenanzas, se llegara al modelo de convenio urbanístico«, remarca el docente.
El mentado modelo de negocios se caracteriza por la intervención estatal en favor de grandes inversiones privadas, generando consecuencias directas en el mapa de la ciudad: altos niveles de segregación espacial, gran cantidad de viviendas desocupadas, aumento desmedido del precio de los inmuebles desvinculado del poder adquisitivo de los trabajadores, son algunas de sus características.
A la par de estos procesos la población se empobrece en cada ejecución de un proyecto económico neoliberal, cada vez menos capaz de afrontar el costo de vida y, dentro de ello, el de vivienda.
¿Y el Estado? Participó del problema, ya sea ayudando a causarlo activamente o mediante la inacción allí donde tenía que garantizar derechos. El entrevistado señala esa falta de políticas activas de regulación y el desguace pronunciado desde la gestión de Javier Milei.
«A esto le sumemos lo que ha pasado en los últimos dos años, donde el Estado Nacional desarticuló toda la política pública: desapareció el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se desarticularon los fondos vinculados a la integración socio-urbana como el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana), la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana) y los distintos programas que existían en torno a ese área, desapareció y eliminó el ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares); se derogó la Ley de Alquileres, con lo cual se agravó la problemática significativamente, expulsando y generando un alquiler mucho más precario y oneroso para los trabajadores», subraya el presidente de la Mugica.
Al desmantelamiento de políticas públicas se le agrega que las clases trabajadoras formalizadas se empobrecieron y creció el sector informal y de la economía popular, «con ingresos muy insuficientes y en muchos casos sin capacidad de acreditar esos ingresos, excluidos de las ofertas privadas y sin atención por parte del Estado».
Frente a este escenario tan complejo de actores muy poderosos tanto públicos como privados que marcan el mapa urbano movidos principal o exclusivamente por el lucro y la especulación, ¿qué respuesta pueden dar el cooperativismo y el mutualismo?
Manos a la obra: El mutualismo al servicio del derecho al hábitat
Ante un problema, una solución colectiva: la Mutual Carlos Mugica, junto a otros actores (como los sindicatos UEPC o ADIUC y distintas organizaciones sociales) construyeron una estrategia de acceso al suelo urbano, pensada para trabajadoras y trabajadores cuyos niveles de ingreso les excluyan de iniciativas privadas, y que tampoco estén alcanzados por políticas públicas.
«El primer paso para poder construir una vivienda es poder tener un pedazo de tierra, poder tener un lote con servicio que se pueda escriturar. En ese marco, surge ProHaS«, cuenta Galán sobre esas primeras experiencias de hábitat social facilitadas por la Mutual.
Circa 2012 comenzó esta iniciativa en Río Ceballos bajo otro nombre: «Programa de Producción Social del Suelo Urbano» o PROSSUR. Esa experiencia urbanizó 48 hectáreas, generando 716 lotes con servicios.
Las mutuales también tienen capacidad de gestión
Este modelo de producción de suelo urbano es autofinanciado y autogestionado comunitariamente con el aporte de trabajadores socios a la mutual.
«Hemos demostrado capacidad de gestión, esto que por ahí aparece como que fuera solo reservado al sector privado; las organizaciones sociales hemos demostrado una capacidad para desarrollar compras de tierra, desarrollar loteos, aprobarlos en las instancias de los gobiernos locales con las ordenanzas, inscribirlos en el Registro de la Propiedad, lograr los finales de obra y entregarles la escritura a las familias», destaca Marco Galán.
Además de la capacidad de la Mutual para administrar exitosamente los fondos, existe una contraposición respecto a múltiples experiencias privadas que resultan en estafas. Respecto a cierto prejuicio sobre las capacidades del cooperativismo en gestiones económicas, el presidente de la Mugica no solo señala lo positivo en esta experiencia sino que menciona los múltiples casos en el sector privado que se resuelven en perjuicio de la gente: «fondos de especulación inmobiliaria y financiera que cuando no les ha dado la renta, dejaron en la desgracia a miles y miles de familias cordobesas«.
¿Cómo se sostienen los aportes? La confianza y los vínculos cercanos son clave
En contraste con la especulación, el quehacer de la Mutual Carlos Mugica se sostiene en base a arreglos locales, trabajo en red multisectorial con otras organizaciones, trayectoria de años y confianza de las y los socios, fundamentada en vínculos cercanos y resultados concretos, aquello que Galán llama «capital de confianza» y que retorna en la viabilidad social, política y comunitaria del ProHaS.
Galán agrega que el proyecto de hábitat tiene «un costo sensiblemente inferior: acá no hay plusvalor, no hay renta privada. Cuando se genera algún beneficio se distribuye produciendo reducción de los costos».
Luego de sus inicios en Río Ceballos, el ProHaS, ya con ese nombre, continuó en Alta Gracia y Villa del Prado. En estas locaciones desplegó cuatro etapas, conformado un conglomerado de 2.250 lotes.
La primera etapa de 350 lotes está culminada, ya con familias que van recibiendo las escrituras. La segunda también se encuentra en proceso de escrituraciones, alcanzado a otras 333 familias. La tercera etapa (500 lotes) y la cuarta (1.120) están en plena ejecución: este año 2026 comenzaron las aperturas de calle y obras de infraestructura.
A esto se suma un desarrollo de 400 lotes en Malvinas Argentinas, en convenio con el municipio (aquí el Estado local se sumó a la iniciativa).
El derecho a la tierra, a la vivienda, a la ciudad
Desde sus orígenes, la Mutual Carlos Mugica asumió el acceso a la tierra y la vivienda como derechos humanos fundamentales, consagrados en las Constituciones Nacionales, Provinciales y en las Cartas Orgánicas.
Galán expresa que los límites de las políticas públicas, desde la privatización en los ’90 del Banco Hipotecario hasta la desarticulación que lleva adelante la gestión libertaria hoy con momentos intermedios de reactivación en períodos peronistas en 2003 y 2015, no fueron capaces de atender la demanda de la población por tierra y techo.
«En ese marco, la Mutual siempre tuvo su estrategia de acompañar procesos socio-organizativos con sectores populares pobres que han construido sus cooperativas, han podido comprar tierra con fondos públicos en algunos momentos, urbanizarlas«, desarrolla el especialista.
Y agrega: «Nosotros acompañamos 15 proyectos de cooperativas entre el año 1990 y el año 2005. Estos grupos han podido construir sus viviendas y después surgió el PROAS; actualmente, entre el PROAS, PROSSUR, Malvinas, Villa del Prado, Río Ceballos y Alta Gracia, son 3.200 familias aproximadamente las que están vinculadas a estos procesos».
Incluso la Mutual cuenta con dos terrenos en Córdoba, adquiridos gracias a aportes privados y donaciones, que permitirán el desarrollo de 200 lotes con servicios para familias vulnerables.
«Tiene que ver con el derecho humano, el derecho a la ciudad, lo vemos desde una perspectiva multidimensional: en él se condensan muchos otros derechos: el arraigo, la identidad, la construcción de espacios de relaciones y de comunidad«, reflexiona.
Entre quienes no tienen una casa propia, alquilar produce arraigos precarios, siempre en movimiento, de mudanza en mudanza. Y el panorama empeora exponencialmente si tomamos a las personas que directamente viven «sin tenencia segura de la tierra, en asentamientos irregulares, con la amenaza permanente de ser desalojados y todo lo que implica esto en los impactos sociocomunitarios, socioemocionales y psicológicos, sin lugar a dudas afecta a las personas en su más profunda dignidad«, explica Galán.
En esa línea, el presidente de la Carlos Mugica cierra con el valor vital que tiene el trabajo colectivo que realizan desde la Mutual y demás organizaciones sociales por democratizar el derecho al hábitat y a la vivienda: «Pensar la vivienda, aún desde un punto de vista económico, para aquellos que alquilan significa recuperar parte del salario. Si lo queremos ver desde un punto de vista de pertenencia tener un lugar donde arraigarse, construir un proyecto de vida, proyectarse en relaciones de vecindad y de construcción de una comunidad, sin lugar a dudas genera una garantía de cumplimiento de derechos fundamentales«.
