Tras la aprobación en Diputados de una modificación regresiva en la Ley de Glaciares, organizaciones socioambientales preparan la demanda colectiva más grande de la historia argentina.
En el día de ayer jueves 9 de abril se aprobó en la Cámara Baja una modificación profundamente regresiva a la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno Nacional con el apoyo de sectores ligados a la explotación minera y los gobernadores Cornejo (Mendoza), Jalil (Catamarca), Sáenz (Salta), Sadir (Jujuy) y Orrego (San Juan).
La modificación está hecha a medida de los intereses de grandes multinacionales como las infames Barrick Gold y Shandong Gold, que protagonizaron gravísimos hechos de contaminación en nuestro país.
En este contexto, las organizaciones socioambientales Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales y Greenpeace están elaborando una demanda colectiva que se perfila como la más grande de la historia argentina. Al momento de la redacción de esta nota, la cantidad de firmas de apoyo a la iniciativa supera las 500 mil.
Desde las organizaciones, explican que en situaciones en las que derechos humanos y ambientales están siendo masivamente vulnerados como en este caso, las demandas colectivas son herramientas jurídicas altamente efectivas: «Existen antecedentes en los que la justicia falló a favor de la protección del ambiente y de las generaciones futuras, obligando a gobiernos y empresas a modificar sus políticas frente a la crisis climática y la degradación ambiental», expresa Greenpeace.
Estas asociaciones no son las únicas en ponerle freno al desastre ambiental. El Gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto junto a la UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa) presentaron el primer amparo colectivo contra la reforma a la Ley de Glaciares ante el Juzgado Federal de Santa Rosa.
Con el agua no se negocia
La anterior Ley de Glaciares protegía zonas glaciares y periglaciares a lo largo del país de la explotación minera e hidrocarburífera. La nueva ley habilita la explotación de todo cuerpo helado excepto aquellos en los que se compruebe un «aporte hídrico relevante y verificable» a una cuenca (un criterio sumamente ambiguo) y le da mayor libertad a las provincias para inventariar y disponer sobre sus respectivos glaciares.
El argumento libertario y de los gobernadores que apoyan es que la nueva norma genera “seguridad jurídica” para inversiones. Sin embargo, en su turno de debate el diputado Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal aseguró que «en los últimos 10 años de vigencia de la ley las inversiones en minería han sido favorables y la producción minera creció un 270 por ciento», por lo que el argumento es falaz.
Lo que es más, la nueva ley fue rechazada popularmente y no convocó a la comunidad científica, más bien al contrario: se aprobó en desmedro de sus alertas respecto a los riesgos de pérdida de biodiversidad, escasez de agua y contaminación de cuencas que abastecen a 7 millones de personas, así como a cultivos y animales.
Riqueza para muy pocos, sequía y contaminación para la mayoría: la nueva ley propone un modelo de explotación que de efectuarse no tiene vuelta atrás, en un contexto de cambio climático en el que el agua dulce es un recurso más estratégico y vital que nunca.
Judicialización y lucha por el futuro del agua
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Círculo de Políticas Ambientales lanzaron la convocatoria para juntar firmas y en pocas horas llegaron a cientos de miles de adherentes.
Para sumarse, hay que completar este formulario. No implica ninguna participación legal en la demanda, sino una muestra de apoyo social que le da legitimidad al reclamo y fortalece la estrategia legal.
La nueva ley va «a contramano de principios constitucionales de presupuestos mínimos ambientales y eliminando la capacidad de control del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla-Conicet)«, explica Greenpeace en su web.
Y concluyen: «Las acciones colectivas no son simbólicas: son una de las herramientas más efectivas para defender derechos cuando las decisiones políticas no garantizan su protección. Esta acción no es solo de organizaciones: es una herramienta para que la voz de miles de personas quede expresada también en la Justicia».
