En reclamo por el incumplimiento del Gobierno Nacional al no aplicar la Ley de Financiamiento Educativo, CONADU resolvió un paro total para toda la semana.
Las y los docentes de universidades públicas nacionales acordaron un paro total de actividades en la semana del 16 al 21 de marzo, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, que el Gobierno Nacional continúa ignorando.
ADIUC en Córdoba y CONADU a nivel nacional son los gremios que impulsaron la medida de fuerza. La situación de las universidades públicas nacionales es tan crítica que el plan de lucha va camino a un paro por tiempo indeterminado, hasta que la gestión de Javier Milei cumpla con la ley.
«Llevamos dos años sosteniendo a las universidades en condiciones absolutamente inviables. No podemos continuar soportando la hostilidad económica, simbólica y política del gobierno. Es inaceptable la naturalización del trabajo precarizado y mal pago, que deteriora nuestras condiciones de vida como nunca antes y nos lleva al vaciamiento de las universidades que son orgullo nacional«, resume el comunicado compartido por ADIUC.
Los salarios docentes deberían haber aumentado un 55% en febrero solo para recuperar el poder de compra que tenían en noviembre 2023, antes de la asunción de la actual gestión.
«Nos sobra vocación, nos falta llegar a fin de mes»
«No vamos a bajar los brazos. Nos sobra vocación, nos falta llegar a fin de mes. En estas condiciones nos encaminamos a la paralización total de actividades por tiempo indeterminado» continúa el texto.
El plenario de CONADU convoca al paro total de actividades en las universidades públicas nacionales la semana que va del lunes 16 al sábado 21 de marzo: sin asistencia a los lugares de trabajo, suspendiendo todas las tareas de docencia, investigación y gestión.
La medida fue resuelta a partir de los mandatos elaborados en las asambleas y consultas realizadas por la treintena de gremios de base que integran la federación.
En el Congreso de CONADU, que tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo, se definirá la continuidad y profundización del plan de lucha durante este primer semestre. Los congresales de ADIUC insistirán con el mandato elaborado en la asamblea de afiliados/as: paro por tiempo indeterminado desde el 16 de marzo.
Otras medidas a considerar en el Congreso de CONADU son centralmente dos: parar una semana por mes, o realizar paros de duración creciente con periodicidad mensual, hacia el paro total de actividades por tiempo indeterminado.
Cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario para que termine el conflicto
El plenario de CONADU que tuvo lugar el pasado viernes 27 de febrero alcanzó un acuerdo general «para dar impulso a un plan de lucha de largo aliento e intensidad creciente, apostando a la movilización -en todo el país- en unidad con estudiantes y nodocentes«, continúa el comunicado.
Dicho plenario se declaró en sesión permanente ante el intento del Gobierno Nacional de modificar mediante un nuevo proyecto la Ley de Financiamiento Universitario; ley que, recuerdan desde el gremio, «el Congreso ya votó seis veces».
«Mientras nuestros salarios deberían haber aumentado un 55% en febrero para recuperar el poder de compra que tenían en noviembre de 2023, el gobierno pretende arreglarnos con un 12% en 3 cuotas (que se terminarían de pagar a fin de este año) y sin ofrecer ningún mecanismo de recomposición frente a la inflación de 2026″, sintetiza el texto.
El Gobierno Nacional no convocó a paritarias hasta el pasado lunes, primera vez que se sentó con los gremios docentes, aunque sin ofrecer siquiera un aumento. Esto se traduce en que «una enorme cantidad de docentes universitarios aún hoy cobra 250.000 pesos«, según lo explica CONADU, salario de miseria absolutamente incompatible con sostener una vida digna.
Este contexto extremo llevó a los gremios a resolver un paro total de actividades en todas las universidades públicas nacionales. Sin embargo, la solución al conflicto tiene una solución viable: cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Lo que falta es la voluntad política de un gobierno que no quiere dar el brazo a torcer en su decisión de desangrar el sistema educativo para poder luego arancelarlo en nombre de que lo público no funciona.
«En este marco, insistimos: la única solución para el conflicto universitario es el cumplimiento de la ley vigente. La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, se cumple», concluye el comunicado.
