El Régimen Penal Juvenil consiguió media sanción en la Cámara Baja, con 149 votos a favor y 100 en contra. La Libertad Avanza celebró la victoria.

El Régimen Penal Juvenil obtuvo media sanción en Diputados: entre sus medidas más discutidas se encuentra la baja de edad de imputabilidad, de 16 a 14 años.
Aunque en un principio el proyecto oficial de La Libertad Avanza (LLA) apuntaba a bajar la imputabilidad un año más, terminó acordando 14 años con los bloques «dialoguistas». La votación finalizó pasadas las siete de la tarde, con 149 votos a favor y 100 en contra.
Qué argumentos se expusieron en la Cámara
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, miembro informante del proyecto y de la Cámara de Diputados por LLA, defendió la baja de la edad de imputabilidad sosteniendo que según especialistas en neurodesarrollo un adolescente de entre 12 y 14 años tiene «absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito».
Remarcó que la intención del Gobierno no es «amontonar menores» en establecimientos penitenciarios sino darles «garantías de un debido proceso», y que el proyecto contempla medidas alternativas a la prisión, como alejamiento de la víctima, tobillera y amonestación.
«¿Hoy qué pasa con los menores de 16 que ustedes dicen que no hay que tocarlos? Están en establecimiento penitenciarios sin ningún tipo de proceso, porque no hay ningún juez que se anime a firmar su libertad, porque saben que sigue cometiendo delitos, matan desde la familia hasta los vecinos», remarcó.
Según Machado, el documento final de la Reforma explicitará que los menores no pueden ser alojados junto a adultos. También se incorporará un artículo que explicite cuestiones de presupuesto para que Nación y las Provincias puedan «convenir» financiamiento.
Cómo votaron los diputados cordobeses
Entre los votos a favor se encuentran todos los representantes de La Libertad Avanza: Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Marcos Patiño Brizuela, Belén Avico, Luis Picat, Gonzalo Roca, María Celeste Ponce, Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado.
También acompañaron con su voto positivo los diputados de Provincias Unidas: Alejandra Torres, Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo y Juan Fernando Brugge.
La media sanción en Diputados le da vía libre al proyecto para continuar su curso en la Cámara de Senadores.
Cuáles son los argumentos en contra de la baja en la edad de imputabilidad
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales y la Asociación Civil de la Defensa Pública (ADePRA) pidió frenar el proyecto. En un comunicado, las organizaciones calificaron la baja de edad como “inútil, innecesaria, perjudicial e inconstitucional” y reclamaron abrir un debate “serio y participativo”, basado en datos y estándares internacionales.
Entre los argumentos clave están la afectación del desarrollo emocional de los menores y la reproducción de violencias que se ven multiplicadas en el encierro carcelario. Recordaron además que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó en 2018 no reducir la edad de responsabilidad penal ni endurecer penas, y que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el encierro debe ser el último recurso y por el plazo más breve posible.
Según los organismos, casi el 90% de los delitos cometidos por adolescentes se concentran en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y CABA. Señalan que es ínfimo el porcentaje de delitos cometidos por menores de 18 años y aún menor el de menores de 16. La mayoría corresponde a delitos contra la propiedad, mientras que los homicidios en esa franja etaria son significativamente más bajos.
Para los defensores, los números no muestran que bajar la edad reduzca la violencia y advierten que el Estado debe priorizar políticas de protección integral antes que ampliar el alcance punitivo.
La Reforma ha sido muy cuestionada tanto por especialistas en Derecho Penal como por organizaciones de Derechos Humanos. Hay fuertes cuestionamientos respecto a que el Estado aparezca solo para castigar, considerando que un menor que delinque en la mayoría de los casos es un niño o adolescente al que ese mismo Estado abandonó en sucesivas ocasiones previas, vulnerando sus derechos elementales.

