Javier Milei declaró la Emergencia Ígnea tras múltiples reclamos, pero lo único que hizo fue regularizar la deuda ya pendiente de Nación.
Luego de insistentes reclamos de gobernantes y figuras públicas varias, Javier Milei por fin declaró la Emergencia Ígnea mediante DNU, pero opositores no tardaron en notar que la medida fue una pantomima: la Patagonia se sigue quemando, el Gobierno Nacional sigue sin asignar fondos y los millones que anunció para bomberos voluntarios no son más que la regularización de una deuda pendiente.
El texto oficial, hecho público el viernes pasado, no crea ningún fondo ni asigna partidas específicas para ayudar a las poblaciones afectadas, reconstruir infraestructura dañada ni asistir a los productores.
Los fondos millonarios para bomberos voluntarios que mediáticamente anunció el Gobierno Nacional como si fueran una partida especial, no lo son: constituyen nada más que la regularización de la deuda de Nación, fondos que debe girar a las Provincias cada año por Ley y que estaban demorados, desamparando ante el fuego a más de mil cuarteles.
Basta de humo: por una Emergencia Ígnea real
Desde el 8 de enero, diputados de Unión por la Patria le piden al Gobierno nacional que declare la Emergencia Ígnea en las provincias afectadas por los incendios: La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.
El principal impulsor de la Emergencia ha sido el legislador chubutense José Glinski. A pesar de la urgencia, Milei hizo oídos sordos, negándose a incluir el asunto en el temario de sesiones extraordinarias (aunque no tuvo ese problema cuando la adición fue el Régimen Penal Juvenil).
Solo luego de que le llovieran las críticas al Presidente tras su show con Fátima Florez, exhibiendo una absoluta desconexión con el sufrimiento de las personas que gobierna, Milei accedió a firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la Emergencia Ígnea por un año en las provincias alcanzadas por el fuego.
El DNU facilita los procesos de licitaciones y compras; habilita al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para hacerle frente a los incendios, y difiere el vencimiento de algunos impuestos como IVA o Ganancias. Lo que no hace es asignar fondos específicos ni extraordinarios, como lo alertó el diputado Esteban Paulón.
Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria por Buenos Aires, remarcó que los libertarios: “No asignan un solo peso ni a las provincias, ni a los municipios, ni a la gente. No reconstruye una sola casa ni retribuye las pérdidas a un solo productor. No contempla la enorme tarea que llevaron adelante las y los brigadistas de incendios. No hay un solo peso para la recuperación de bosques nativos que se murieron en el incendio”.
Por su parte, el diputado Glinski declaró: “En el Congreso se presentaron proyectos de emergencia integral –que evidentemente ni siquiera leyeron-, pensados desde la Patagonia, que sí contemplaban: asistencia habitacional, ayuda directa a las familias, apoyo a los sectores productivos, reconstrucción económica, y políticas de prevención reales”.
“El Gobierno eligió el camino más cómodo: un decreto sin presupuesto, sin debate, sin compromisos reales. ¡Puro humo! Así, la Patagonia vuelve a ser tierra abandonada”, subrayó.
En diálogo con Ámbito, la diputada Selva explicó que el texto “enmarca las emergencias en la ley de riesgo, pero no reasigna ni una sola partida del presupuesto (…) Lo que hace es habilitar la negociación caso a caso con cada una de las provincias de cuáles van a ser los recursos que el Estado Nacional va a destinar. De nuevo negociando con los ATN y en el medio de la reforma laboral y Ley de Glaciares”.
Es decir, el Gobierno especula con los fondos de la Emergencia Ígnea para obtener votos favorables en proyectos de su interés.
El oficialismo da el asunto por terminado pero las llamas siguen ardiendo
“Durante el día de ayer, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la transferencia de más de $100.000 millones destinados a fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, alcanzando a 1062 entidades en todo el país”, anunció Adorni mediante un canal de difusión.
“Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, resulta necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial o interprovincial en que prestan servicios”, continuó el anuncio.
No obstante, no se anunciaron envíos de fondos extra, más allá de lo dispuesto por la ley común y corriente, ni cuándo será la fecha en que se girarán los fondos. El DNU solamente le da curso al trámite que, por ley, establece los recursos que la Nación debe enviar a las Provincias cada año.
Lo que es más: parte de los fondos anunciados son montos que la gestión de Milei adeuda desde el año pasado, paralizados a pesar de la urgencia de la Patagonia, que ya lamenta más de 200 mil hectáreas quemadas.
El legislador pampeano Ariel Rauschenberger visibilizó la farsa: “Estos son fondos que obligatoriamente el Gobierno nacional tiene que distribuir, lo obliga la Ley 25.054 del año 1998 modificada en 2014. Esto es lo que se tiene que hacer haya o no incendios, haya o no emergencia ígnea”, explicó el diputado de UP en su cuenta de X (ex Twitter).
Los fondos que establece la Ley son recaudados a partir de un impuesto interno que se cobra sobre las primas de seguro.
Rauschenberger agregó: “Son fondos que no los transfieren en forma inmediata sino a medida que se vayan recaudando, lo dice el artículo 8 de la resolución 91/26 del Ministerio de Seguridad nacional».
“Hoy mismo podrían transferir los más de $ 43.000 millones de que no distribuyeron el año 2025 en concepto de cuarta cuota de ese año, y por lo cual los bomberos aportaron al superávit fiscal del Gobierno nacional”, concluyó el legislador.
Gabriel Sandoval, bombero bonaerense que expuso la deuda de Nación, explicó a Ámbito que hasta la llegada de Milei, esos fondos se giraban en dos tramos: la primera parte entre abril y mayo y, la segunda, entre octubre y noviembre. El segundo tramo correspondiente al 2025 se adeudaba, y es el que anunció el Gobierno en la resolución. “Solo hay enojo”, concluyó Sandoval.
