El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comunicó: «No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención».
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur judicializará la intervención del Gobierno Nacional en el Puerto de Ushuaia, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial.
La gestión de Milei aseguró que la intervención se da en el marco de inspecciones, realizadas el año pasado, mediante las cuales habrían encontrado fallas estructurales y logísticas.
No obstante, desde el gobierno provincial fueguino sostienen que no hay motivo suficiente que justifique este avasallamiento, y preocupa que la verdadera motivación sea geopolítica.
Es que hace pocos días Javier Milei se reunió en Davos con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para entre otros asuntos firmar la adhesión de nuestro país al «Consejo para la Paz«. Integrar este organismo, creado por el estadounidense y plagado de dictadores, gobiernos autoritarios y genocidas como Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, tiene un costo: USD$ 1.000 millones.
Sin embargo, Argentina no pagó ese precio. La coincidencia entre la reunión y la repentina intervención del puerto levantó justificadas y alarmantes sospechas. Aunque aún no hay confirmación oficial, se especula que el precio que pagará nuestro país para integrar un Consejo de Paz fundado por un belicista es la entrega del control comercial y militar del Puerto de Ushuaia al gobierno de Donald Trump.
La respuesta del Gobierno Provincial
Inmediatamente tras el anuncio de la intervención del Puerto de Ushuaia, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur marcó posición frente a la disposición de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) de encargarse del principal puerto de la Isla durante un año, por supuestas irregularidades, fallas logísticas y estructurales.
Si bien la Provincia remarcó que continúa gestiones con el Gobierno Nacional, adelantó que llevará el caso ante la Justicia, según información del medio Ámbito Financiero.
El Gobierno fueguino argumentó en un comunicado oficial su rechazo a la intervención, calificándola como «abrupta» y resaltando la oscuridad con la que el Gobierno Nacional se maneja al ser consultado sobre el por qué de la iniciativa.
«No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto», subraya el comunicado, ya que el Puerto de Ushuaia «crece y funciona». En esta temporada anticipan unas 525 recaladas de cruceros de gran porte.
«En las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada, consiguiendo atender a 16 embarcaciones de bandera internacional en un período menor a 24 horas y más de 30 en la semana», señala el texto gubernamental.
El Puerto recibió más de 30 mil personas, entre pasajeros y tripulantes. En esa línea, el mensaje destaca la «confianza comercial de operadores internacionales».
El comunicado cierra con un mensaje preocupante respecto a «intencionalidades geopolíticas o económicas -no explicitadas- que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud». Aquí es donde entran en juego las relaciones carnales entre el gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump, y el verdadero costo que tendrá el ingreso de nuestro país al organismo de EEUU.
Cobra especial relevancia no solo el encuentro en Davos sino el comportamiento de los funcionarios locales al ser consultados por la Provincia: «No hay ningún argumento en relación con la administración o la infraestructura del puerto. Los interventores no pudieron responder con ningún informe detallado sobre el alcance de la medida», concluye el comunicado fueguino sobre la intervención nacional del Puerto de Ushuaia.
