El juez Adrián González Charvay fijó además el 4 de febrero como fecha límite para que el Gobierno Nacional cumpla al 100% con la Emergencia.
El juez federal de Campana Adrián González Charvay ratificó el fallo que había dictado en diciembre y estableció que el Gobierno Nacional tiene hasta el 4 de febrero para hacer plenamente vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La gestión de Milei tiene además cinco días hábiles para informar sobre el avance de todos los trámites relacionados a la ejecución plena de la normativa.
Ya en diciembre, el juez Charvay había invalidado el DNU a través del cual Milei se negaba a otorgar los fondos para la aplicación plena de la norma.
Esta ley fue ratificada en el Congreso, pero el Gobierno ha intentado por todos los medios obstaculizar su aplicación argumentando que entorpece su política de déficit cero. No es la primera vez que el oficialismo demuestra total indiferencia hacia el sufrimiento humano de personas que además de estar en situación de vulnerabilidad, son sujetos de derecho que el Estado tiene la obligación de amparar.
Qué informes debe presentar el Gobierno en los próximos cinco días hábiles
El Foro Permanente de Promoción y Derechos de las personas con discapacidad detalló que, bajo apercibimiento de ley, el Gobierno está obligado a presentar: «La resolución que actualiza los aranceles a los prestadores desde enero 2025; el plan de pago de la compensación adeudada; la apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas; los nuevos valores de las prestaciones; el decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, con más de tres meses de demora».
Para el miércoles 4 de febrero, el Gobierno debe poner en pleno funcionamiento la Ley de Emergencia en Discapacidad. En este sentido, el Foro remarca que el colectivo de discapacidad exige el cumplimiento efectivo de la ley, «porque los derechos no se postergan».
«El sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la justicia le da cinco días al gobierno para que demuestre que la está cumpliendo. Necesitamos la reglamentación ya porque los prestadores no cobran y las personas con discapacidad se están quedando sin sus tratamientos», expresó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad.
