El juez Cormick lo declaró inconstitucional, pero la Justicia aceptó la apelación del PE y dejará en suspenso su decisión hasta que se pronuncie la Cámara.
El protocolo antipiquetes continúa vigente: a pesar del fallo del juez Cormick que lo declaró inconstitucional, la Justicia aceptó la apelación del Gobierno Nacional por lo que la normativa seguirá en pie hasta la decisión de la Cámara.
El pasado martes, el Ministerio de Seguridad, hasta hace poco tiempo a cargo de Patricia Bullrich pero ahora en manos de su segunda, Alejandra Monteoliva, apeló el fallo de Cormick que ponía en suspenso esta política que criminaliza la protesta social.
El juez federal había determinado en su fallo, de efecto inmediato, que el protocolo antipiquetes es anticonstitucional, que ninguna decisión ministerial puede pasar por encima de la Constitución Nacional y que el Ministerio de Seguridad no respetó la división de poderes al incurrir en facultades legislativas.
Al conocerse la noticia, el abogado y asesor parlamentario Fernando Soto (muy cercano a Patricia Bullrich y ex funcionario del Ministerio de Seguridad), dijo en medios que el protocolo antipiquetes se aplicaría de todos modos «si hoy hay una manifestación», horas antes de que se presentara oficialmente la apelación.
Las provocativas declaraciones de Soto significan un desafío directo a lo establecido por ley. El abogado además puntualizó que Bullrich, a pesar de dejar su cargo como Ministra para asumir como senadora, seguirá al tanto de lo que suceda con el protocolo.
Exultante ante la aceptación de la apelación, Patricia Bullrich publicó en X (ex Twitter): “(El protocolo) se seguirá aplicando aunque esté pendiente de resolver la cuestión. El orden no se negocia”.
El juez Cormick, autor del fallo que suspende el protocolo por anticonstitucional, no solo concedió la apelación pretendida por el Ministerio sino que también accedió al pedido de suspender su fallo hasta que la Cámara defina.
Según fuentes judiciales al medio Tiempo, a pesar de que el magistrado podría haber aplicado el «efecto devolutivo» que no suspende el fallo, ese accionar es excepción y no regla en el debido proceso judicial.
La defensa del Gobierno nacional al protocolo antipiquetes
La defensa del protocolo antipiquetes, más allá de los argumentos esgrimidos en la apelación, se convirtió en un ataque personal e ideológico al juez Cormick por parte de distintos funcionarios y figuras cercanas al Gobierno.
Soto publicó en sus redes: [Cormick] “fue director de la IGJ con C. Kirchner, es de la Cámpora y trabajó para A. Fernández. Dijo una burrada que solo se sostiene en su ideología”.
En la vía legal, el Ministerio de Seguridad criticó que el fallo suspensivo haya sido canalizado mediante un amparo, defendió el protocolo garantizando que no afecta derechos y desconoció que se tratara de una invasión al Poder Legislativo: «El protocolo no legisla, no restringe derechos y, además, únicamente se aplica en la medida que el delito ocurre en el marco de una protesta», plantearon desde el Ministerio.
Los funcionarios de la cartera de Seguridad sostuvieron que el protocolo meramente aplica el Código Penal. A su vez, insistieron en la normativa como la única manera de poner «orden», concepto insistentemente repetido tanto en la apelación como en la batalla libertaria en redes sociales.
En esa línea, el Ministerio aseguró en su apelación que el protocolo antipiquetes “tiene objeto y causa lícita, goza de motivación suficiente y persigue una evidente finalidad de interés público representado por el mantenimiento del orden público”.
“Desde su dictado se ha producido un significativo descenso de los conflictos entre ciudadanos vinculados a cortes de rutas y otras vías de circulación en la jurisdicción federal, lo que demuestra no solo que su finalidad el lícita sino que ha resultado un medio idóneo para alcanzarla restableciendo la paz social”, agregó el Ministerio. Según esta cartera, el fallo de Cormick no valoró “los efectos que podría generar poniendo en riesgo a una gran parte de la sociedad argentina”.
