El exfuncionario, recordado por haber puesto en duda ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la cifra de 30.000 personas desaparecidas durante la última dictadura militar, dejó su puesto tras una gestión atravesada por fuertes controversias.
Alberto Baños presentó su renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en medio de un nuevo movimiento dentro del Gabinete nacional.
Durante su paso por la Subsecretaría, se profundizaron los recortes de presupuesto destinados a los sitios de memoria, se supervisaron con mayor rigidez las actividades vinculadas a los crímenes de lesa humanidad y se avanzó en el desmantelamiento de distintos espacios culturales y educativos. Estas decisiones fueron leídas por organizaciones de derechos humanos como un ataque directo a las políticas históricas del área.
Baños, exjuez penal, había asumido en julio de 2024 con la tarea de ajustar la estructura interna del organismo. Bajo su conducción, se eliminó más del 66% de las direcciones que integraban la entonces Secretaría de Derechos Humanos, en línea con el plan de reducción impulsado por el gobierno de Javier Milei. El recorte dejó al sector operando en su mínima expresión y generó reclamos constantes desde distintos colectivos sociales.
En diversas declaraciones públicas —incluidas intervenciones ante organismos internacionales— Baños relativizó los crímenes cometidos entre 1976 y 1983, descalificó la política de memoria, verdad y justicia al considerarla un “negocio” y promovió la idea de una “memoria completa”, postura sostenida por militares condenados por secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y apropiación de bebés.
Su exposición ante el Comité contra la Tortura de la ONU marcó un punto de inflexión: allí debía responder sobre denuncias relativas al achicamiento del espacio cívico, la represión de protestas y el endurecimiento del sistema penitenciario, pero terminó convirtiéndose en la primera intervención oficial que relativizó la magnitud de los crímenes de la última dictadura.
Con la salida de Baños, se suma la segunda renuncia de alto perfil en pocos días, luego del alejamiento de Sergio Neiffert de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), puesto que ahora ocupa Cristian Auguadra.
